FUSIONES BANCARIAS: LA TRINCHERA ABANDONADA

 

 ¿Qué prebendas económicas se esconden tras las reiteradas renuncias del Ejecutivo "progresista" frente a la presión de la Banca y los grandes grupos oligárquicos?

Es la enésima línea roja traspasada, es la última trinchera abandonada. Desgraciadamente habrá más. El programa del nuevo gobierno “progresista” incluía la creación de una banca pública fuerte. Era una linea roja infranqueable, el bastión a defender pero, al primer embate, la linea roja se ha convertido en humo. La primera gran renuncia ha sido dada, las siguientes vendrán en cascada y con consecuencias colaterales:

- la privatización de los servicios públicos impulsada por Ada Colau,

- las pensiones (las propuestas del Pacto de Toledo tienden a reducir las pensionistas públicas),

- la propuesta de entregar los activos de la SS a las CCAA a cambio del apoyo a los presupuestos...

La fusión de Bankia con Caixabank formaría parte de esos fosos de defensa del Estado social que no se deberían abandonar sin lucha. La realidad es que, frente a la presión de los poderosos, la izquierda tapa sus renuncias tras una política de gestos. El ejecutivo no tiene una propuesta alternativa económica digna de ese nombre. ¿Cómo vamos a poder financiar el Estado del Bienestar y la imprescindible re-industrialización sin una banca pública?

El gobierno progresista tiembla frente al poder. El 31 de octubre la UE amenazaba a nuestro país con los tribunales europeos. El motivo: la pretensión del parlamento europeo de imponer nuevos impuestos a los grandes grupos multinacionales que evaden sus obligaciones utilizando las denominadas “asimetrías híbridas de impuestos” (una artificio legal que permite a los grandes grupos empresariales ahorrarse impuestos). La directiva europea persigue que las legislaciones nacionales adopten la nueva normativa. Hace más de un año que se debería haber incluido en la legislación española. El ejecutivo se ha hecho el sordo y es por ello que la UE nos amenaza. ¿Tiene relación todo ésto con el apoyo del BBVA y el Santander al gobierno de Pedro Sánchez?.

La desaparición de Bankia representa una gran pérdida para el Estado social y mina un poco más la propia esencia democrática. El descrédito de la política hoy es un clamor. Los grandes gestos y las sonoros discursos no resisten el choque con la realidad. La orientación ideológica del actual ejecutivo, la respuesta a la pregunta ¿hacia donde vamos?, es uno de los secretos mejor guardados del actual gobierno. Mientras vemos con asombro como 20 empresas del IBEX-35 reparten 9.500 millones en beneficios a sus accionistas, según denuncia Intermón Oxfam, las colas del hambre proliferan.

El poder financiero no tiene suficiente, nunca lo tiene. El costo que supuso para el erario público el rescate financiero es sólo una parte del expolio al que nos han sometido. El proceso de fusión bancaria que ahora se agudiza es una de sus consecuencias. Es una fase más de la crisis iniciada en 2008. Un analista la calificaba como “la mayor desamortización de bienes públicos de la historia reciente”. Con la fusión podemos olvidarnos de los 24.000 millones de euros invertidos en Bankia para reflotarla.

El hecho debería haber suscitado una respuesta política y social. La concentración financiera es un golpe enorme a la competencia bancaria porque aumenta la indefensión de los clientes. Nada de eso, las grandes organizaciones de la izquierda han callado. Ha callado el PSOE (no esperábamos gran cosa de él), ha enmudecido Podemos quejándose de que el proceso , que ha durado un año como poco, lo ha marginado, ha callado el sector “comunista” de IU con Garzón al frente como Ministro de consumo . Han mirado a otro lado los grandes sindicatos. Para encubrirse, unos y otros generaron en los medios una gran polvareda- la renovación de la cúpula judicial generó un debate artificioso cuyo objetivo era distraer. La “izquierda”, en definitiva, hizo “mutis por el foro”, ha desaparecido. La situación adquiere tintes de tragedia para España porque tras esta fusión se aprestan otras, entre ellas la más deseada por la Banca internacional: el BBVA y el Santander.

España es la única de las principales economías europeas que no va a contar con una Banca pública. Ningún país europeo ha llegado tan lejos. Las ayudas europeas que se presentan como el “New Deal” Verde requieren de una entidad financiera que piense en clave de país frente al cortoplacismo de la rentabilidad a los accionistas.

Antes de esta fusión las cinco mayores entidades bancarias en España ya controlaban el 76 % de los activos financieros, la fusión aportará a esa cifra enorme el 8% que representa la cuota de mercado de Bankia. La progresión del control financiero de la economía ha sido estratosférico.

Un dato:

en 2016 “solo” dominaban el 58%. Nuestros vecinos europeos ven esa concentración oligopólica como un enorme peligro. En Reino Unido la concentración ronda el 39%, el 41% en Italia, el 48% de Francia y el 32% en Alemania.

No sólo la UE se preocupa. El Fondo Monetario Internacional recogía en su informe del 2012 que a mayor importancia del sector financiero en la economía, menor es la capacidad de generar riqueza para un país. La financiarización que produce la concentración de los bancos absorbe los recursos y los desvía de la actividad productiva hacia inversiones especulativas. El FMI propuso métodos para recuperar el dinero público gastado en salvar a la banca privada. La mayoría de los gobiernos europeos, incluso el conservador del Reino Unido, siguieron sus indicaciones. La anomalía europea sigue llamándose España.

El Estado en los países europeos sigue jugando un papel importante en el control de las finanzas. Los propios análisis de solvencia realizados en Alemania en 2018 señalan como los bancos públicos son más eficientes y sólidos que la Banca privada. Justo lo contrario de lo que predican en nuestro país. Con la absorción, que no fusión, de Bankia por CaixaBank, nuestro país desarticula un poco más el territorio. La reducción del número de oficinas, ( ahora son 6.600) dejará a decenas de miles de personas, muchas de avanzada edad sin un lugar donde cobrar la pensión o hacer gestiones que precisan de una atención personalizada. Los problemas de la España vaciada se agudizarán.

Los procesos de reestructuración financiera nacen del acuerdo político en 2011 entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy con el beneplácito de la Banca Alemana. Es pues una operación que cuenta, como no podía ser de otra manera, con el beneplácito del capital internacional. Todo ello envuelto en los ropajes de las “fundaciones altruistas”. CaixaBank y sus fundaciones ,que presumen de un compromiso ético, no dudan en invertir parte de sus fondos en paraísos fiscales. El gran beneficiado del primer rescate financiero fueron los fondos internacionales que a través del accionariado controlan las entidades financieras.

Como hemos dicho la excusa para la desaparición de las Cajas de Ahorro fue su mala gestión. ¿Qué decir pues de los escándalos que sacuden a entidades como el BBVA, implicado en casos gravísimos de espionaje a rivales y políticos? ¿Qué decir del apoyo que presta la banca privada a las operaciones de lavado de activos procedentes de actividades ilícitas, incluido el terrorismo yihadista como el caso del Deustche Bank? ¿Qué decir de las estafas de las preferentes, las hipotecas basura o las clausulas suelo? ¿Qué decir de la estafa promovida por un conglomerado de bancos (los veinte principales del mundo) y la manipulación del Libor (tasas de cambio interbancario) a nivel internacional?

La banca privada española no existiría sin la ayuda pública. El Estado garantiza, en caso de quiebra, los ahorros de los clientes hasta los 100.000 €. No es el único apoyo, el diseño de las ayudas indirectas como las avales ICO gestionadas por los bancos ha sido una lluvia de millones para las entidades, que han podido entregarlas según sus propios criterios. El ocultismo que envuelve la operación la hace sospechosa. El reparto de este dinero procede de fondos públicos y se hizo en función de la cuota de mercado. Se ignora la fórmula de reparto aunque consta el desinterés de las fuerzas de izquierda por controlar esos fondos. El Banco de España y su gobernador actual, Pablo Hernández de Cos que actúa como cancerbero, impusieron el principio de la “omertà mafiosa” a esas cuentas.

En la perspectiva de la pandemia el proceso de fusión tiene ahora otro objetivo: servirá para absorber en gran medida las ayudas europeas para la reconstrucción y redirigirlas hacia la banca privada. Las deudas que generarán las ayudas europeas las pagaremos todos durante generaciones pero los beneficios no se quedarán en nuestro país. La fusión generará un nuevo banco de carácter sistémico; será tan grande que si quiebra arrastrará al sistema financiero. España ya tenia un banco de esas características ahora serán dos y los que vendrán. Será un banco “intocable”.

La operación es incomprensible desde el punto de vista de la estrategia como país. Desde la óptica de defensa de lo público es una renuncia sin sentido. Sólo es explicable por el interés de la banca privada, en especial la alemana, por quedarse estos activos. Nadia Calviño, la figura impuesta por Merkel en el gobierno “progresista”, es la cabeza directora de este proceso. Ha tenido un papel fundamental; se ha cuidado de velar por las negociaciones y de salvar las dificultades. La pandemia del coronavirus, la crisis económica y la morosidad creciente que reduce los márgenes de beneficio de los bancos han apresurado la fusión. CaixaBank necesita ampliar su negocio y mejorar su rentabilidad; es por eso que Isidre Faine tenía prisa y Jose Ignacio Goirigolzarri, de Bankia, también; su objetivo era conseguir que Bankia no levantara la cabeza. Este banco ha sido gestionado bajo la premisa de que sería vendido a bajo precio; sus acciones son las que más se han depreciado, si el sector bancario ha perdido en estos años hasta un 26% de media, Bankia ha doblado estas pérdidas (el 57%) Lo asombroso es que ningún gobierno, ni el gobernador del Banco de España, ni los reguladores, que son los encargados de velar por la solvencia del sistema financiero, no hayan abierto la boca. Todos han mirado hacia otro sitio.

Había otras alternativas; no era, como interesadamente se intenta hacer ver, la única opción posible, el Estado podría haber comprado las acciones restantes del Bankia ( el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o FROB controlaba algo más del 62% del accionariado). La operación habría costado unos mil millones asegurando de paso que las arcas del Estado recibirían parte de los 24.069[1] millones volatizados en su saneamiento. Habría aumentado la competencia entre instituciones financieras y hubiera podido convertirse en una banca universal con oficinas en todas las localidades del país a través de Correos.

El Estado pierde dinero; de poseer la mayor parte de las acciones de Bankia va a quedarse con el 14% de la nueva entidad, de controlar el Consejo a tener un solo representante. Se estima que el costo para las arcas de la SS que tendrán las jubilaciones anticipadas será muy importante ya que será la SS la que tenga que cubrir los costos de las jubilaciones a partir de los 61 años.

Si las propuestas del ministro Escrivá se cumplen y se opta por los despidos tampoco representará para la Caixa el menor quebranto económico: le saldrán los despidos gratis aplicando el conocido como Fondo de Comercio Negativo (badwill) que se genera cuando se compra una empresa por debajo de su valor contable, como es el caso. La diferencia entre el precio pagado y el valor en libros se contabiliza como un ingreso en la cuenta de resultados que la entidad resultante puede aplicar a los despidos y que no figuran como costo en las cuentas finales de esta forma podrá entregar dividendos a los accionistas.

Estamos pues ante una enorme concentración de riqueza cada vez en menos manos. Se pretende a nivel europeo que sólo pervivan unos pocos grupos financieros. En nuestro país este movimiento vendrá seguido de otros, el BBVA, el Sabadell y el Santander tienen muchos números.

La banca privada española ha tenido y tiene un trato preferencial por parte del Estado. La justicia, especialmente el Tribunal Supremo, (como vimos en el caso de las preferentes o las cláusulas suelo) siempre ha trabajado a favor de los intereses del poder financiero. El ridículo que hizo Supremo, apoyando a los bancos para ser corregido posteriormente por los tribunales europeos, en el tema de las clausulas suelo causa auténtica vergüenza ajena. Las puertas giratorias que se han abierto desde los Consejos de Ministros hacia las entidades financieras han servido como un acicate más. En el contexto de la UE la banca española cuenta con uno de los sectores con mayores beneficios y menos carga impositivas tiene, es también uno de los sectores con mayores depósitos en paraísos fiscales. Las empresas del sector bancario que forman parte del Ibex-35 tienen fondos en mas de 300 paraísos fiscales; exactamente, y con datos del 2015, en 311.

La marea privatizadora iniciada por el gobierno socialista de Felipe González provocó la desertización industrial que este país padece. No solo se perdieron los ingresos que esas empresas representaban sino que el Estado perdió gran parte de su capacidad para dirigir su propia política económica y monetaria. Sucedió igual con el sector financiero; Argentaría, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola (hoy parte del BBVA) ..., eran instituciones rentables. Su privatización significó el fin del crédito público que hubiera permitido en momentos como los actuales mantener y estimular la actividad económica y replantearse la re-industrialización del país.

Fue la izquierda de Felipe de González, la llamada “izquierda caviar”, la que inició la venta a bajo precio de los recursos nacionales; ¿será el gobierno “progresista” PSOE-Podemos quien haga el remate?

POR EDUARDO LUQUE