ESTADO DEL BIENESTAR

 

Los pensionistas catalanes pierden 3.368 euros durante la crisis

Las pensiones se han empobrecido 2.387 euros de media en España por la diferencia con el IPC desde el 2010

UGT estima que se necesitarían 12 años para recuperar el poder adquisitivo con la subida máxima prevista en la ley

La crisis y la reforma de las pensiones están empobreciendo cada vez más a los pensionistas. Desde el 2010, los pensionistas acumulan una pérdida media de poder adquisitivo que llega a los 3.368 euros en este periodo en el caso de Catalunya y a 2.387 en el conjunto de España, según un estudio de la UGTUGT. La cantidad se debe a que las pagas que reciben los jubilados han subido 4,7 puntos menos que el índice de precios de consumo (IPC) debido a los recortes presupuestarios y a la reforma de la Seguridad Social que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy.


En términos mensuales, la pérdida de poder adquisitivo acumulada es como si los pensionistas tuvieran este año en su bolsillo 30,88 euros mensuales menos en el caso de la media española y 48,14 euros en el caso de los jubilados de Catalunya. Eso hace que, solo en el 2017, los pensionistas hayan percibido 432 euros anuales menos que lo que les correspondería si las pagas se hubieran actualizado igual que la inflación de este ejercicio. Esa cifra sube a 673 euros en el caso de Catalunya debido a que el IPC ha sido superior al de la media de todo el Estado.

En el 2018, peor

El desafase entre la subida aplicada a las pensiones y la inflación alcanzó 4,7 puntos en toda España y 6,7 puntos en Catalunya en el periodo del 2010 al 2017. Solo hubo una leve ganancia de poder adquisitivo cuando el IPC fue negativo que quedó rápidamente absorbida en años posteriores. La situación se agravará en el 2018 con una nueva pérdida de poder adquisitivo del orden de 1,25 puntos en la media española, con lo que la cifra acumulada desde el 2010 será de casi seis puntos. En términos anuales, la pérdida media será de 167 euros que hay que sumar a los 2.387 acumulados hasta el 2017.

En el 2018, el Gobierno subirá las pensiones el mínimo que prevé la reforma que aprobó del 0,25% debido a la situación deficitaria de las cuentas de la Seguridad Social que se prevé que continúe durante los próximos ejercicios. Esa subida equivale a una media de 2,4 euros mensuales. Para Laura Pelay, vicesecretaria general de la UGT de Catalunya, "los pensionistas están condenados a tener subidas del 0,25% a los que se añadirá la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en el 2019, con lo que quedan pensiones de subsistencia".
Recuperación

Con la ley actual, serían necesarios un mínimo de 12 años aplicando la subida máxima prevista del IPC más 0,50 puntos para recuperar el poder de compra volatilizado como consecuencia de los recortes y de la nueva regulación de la Seguridad Social, según las estimaciones del estudio de UGT. Pero esa posibilidad es más bien un ejercicio puramente matemático ya que el sindicato reconoce que es prácticamente imposible que en los próximos años las pensiones crezcan por encima del mínimo del 0,25%.

Laura Pelay ha planteado como soluciones mejorar los ingresos de la Seguridad Social a través de reformas impositivas y de los Presupuestos del Estado como vía para reducir el déficit, y dejar de primar el sistema privado de pensiones y la banca como promotor de esos planes que están vetados con los sueldos actuales.

Mientras el déficit ha llevado al Gobierno a dejar el Fondo de Reserva de las pensiones casi sin fondos y a que financiar con deuda pública el agujero del 2017, la negociación de una futura reforma de la Seguridad Social continúa paralizada, según ha denunciado la dirigente sindical, que ha advertido de que la recuperación económica tiene que llegar también a pensionistas y no solo al salario mínimo interprofesional.

COMUNICAT DE PRENSA DEL COLECTIU SENSE HABITATGE

Bon dia, demá dimarts dia 21 de desembre, a les 10:30 am, el COLECTIVO SIN VIVIENDA fará una ocupació del pati interior de l'ajuntament (per on es travessa a la plaça Didó) de durada indefinida per denunciar publicament l'abandó que estem patint per l'ajuntament de Terrassa, ja que no deixa particiapr als ciutadans representatius de la defensa del dret a un habitatge digne, ni ens permet coneixer els processos d'asignació dels habitatges amb lloger social. A més s'iniveixent totalment front als mossos d'esquadra en la defensa del ciutadans grans i petits quant la policia intervé amb voluntat violenta contra la ciutadania que s'oposa al desnonament de persones majors i nens petits.

MANIFIESTO POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

El Colectivo sin Vivienda de Terrassa, compuesto por cientos de personas que son víctimas de la triste realidad que viven más del 10% de la población española, por no disponer de una vivienda digna accesible a su realidad económica, y que los poderes públicos han ignorado, cuando este país llegó a tener 1,8 millones de viviendas sin vender en el 2010, fruto de la burbuja generada por la especulación urbanística que produjo la modificación de la Ley del Suelo reformada por el Gobierno de José María Aznar (PP). Viviendas que fueron reconducidas por la SAREB al mercado inmobiliario, pero que acabaron en manos de fondos de inversión (buitres) cuyo único objetivo fue y es el enriquecimiento rápido e indecente, sin tener en cuenta la necesidad social generada por ellos mismos.

Ahora esta situación se ha institucionalizado como un mal inevitable, como ha sucedido con el 20% de la población española en situación de pobreza extrema, dato que les sirve al capital para tener el ejército de reserva necesario para ellos mantener los niveles salariales de miseria que tenemos actualmente. La pobreza y la miseria engendrada quedan excluidas de la sociedad del bienestar, por eso las soluciones que el sistema propone pasan de "puntillas" frente a los derechos humanos incluidos en nuestra Constitución, la cual en su artículo 47, dice que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

Los poderes públicos constituyeron "mesas de emergencia habitacional" para "garantizar el alojamiento más adecuado por unidad de convivencia tras sufrir un desahucio u otras causas, ofreciendo pisos de la administración pública en régimen de alquiler social"

El protocolo establecido en la mayoría de administraciones explicita que la mesa de emergencia adoptará un acuerdo y lo notificará en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud con la documentación completa. El sentido del silencio administrativo será positivo y debe prever una propuesta de adjudicación de vivienda en el mismo municipio. La realidad muestra que la demanda tiene tal magnitud que supera las posibles ofertas de los municipios, por lo que se viene produciendo el colapso en las listas de espera para lograr un piso.

El Síndic de Greuges en su informe del año 2019 ya denunciaba esta situación de colapso "https://www.sindic.cat" en todo el territorio catalán. Las políticas de vivienda social de la Generalitat de Catalunya han sido muy insuficientes, agravando enormemente, año tras año, la realidad habitacional, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona y los cinturones de las otras tres capitales catalanas.

La Ley 24/2015 obliga a la administración a suspender el procedimiento judicial hasta que se encuentre una solución habitacional para el caso. Si el desahucio se ejecuta, es el Ayuntamiento quién debe afrontar el gasto de alojamiento temporal, hasta que la Agencia de l'Habitatge de Catalunya entregue un piso al desahuciado.

El caso de Terrassa es diferente porque tiene una mesa de emergencia social constituida, pero las entidades sociales no están presentes, sólo cuentan con los bancos y los fondos buitre. Esta mesa NO hace público el protocolo que debería estar expuesto en la web del ayuntamiento dando cumplimiento a la ley de transparencia que todo ente público está obligado a cumplir. Por otro lado el Ayuntamiento de Terrassa no nos permite formar parte de esa mesa, cuando somos parte muy activa en la solución del problema habitacional, y a vez estamos reconocidos en el registro de entidades del propio ayuntamiento.

Por lo tanto debemos estar presentes en la "mesa de emergencia social" de Terrassa para asegurar la aplicación objetiva de criterios de selección para la adjudicación en base a factores de necesidad sobradamente justificados, pero que no se conocen en tu conjunto, solo cuando es el caso concreto donde hacen pública la decisión de final de la administración, y demasiadas veces hemos visto que se han acogido a criterios excluyentes no justificables desde una visión social del problema. Más bien observamos una voluntad de no querer dar salida social y dejar que el Juez de turno decida él solito si deja a una familia sin techo que les proteja.

Por todo esto EXIGIMOS

- Formar parte de la mesa de emergencia de Terrassa, con dos miembros del Colectivo sin Vivienda de Terrassa.

- Que se haga público el reglamento, protocolo, etc, que haya aprobado el equipo de gobierno municipal para gestionar los casos de emergencia social. dando cumplimento a la Ley de Transparencia de las administraciones públicas.

- Que haya un parque de viviendas destinadas a vivienda social dependiente del ayuntamiento que sirva de retén permanente para estas urgencias habitacionales, sirviendo como referencia el número de desahucios habidos durante los tres últimos años.

- Es indecente que el proceso de desahucio sea castigado además con la violencia policial frente a menores que sólo les supone un trauma estas acciones. FUERA LA PRESENCIA DE LA POLICIA DE NUESTRAS VIDAS.

COLECTIVO SIN VIVIENDA DE TERRASSA

En defensa de las Pensiones Públicas, contra los recortes y la privatización

 la lucha sigue.

Valoración conjunta de plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes Pueblos y Comunidades del Estado, del proyecto de ley “Escrivá” de reforma de las pensiones.

17 de diciembre de 2021.

La primera parte de la Reforma “Escrivá” de las pensiones (Ley 121/000066, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones), ha superado el trámite de su aprobación en el Congreso de los Diputados.

El texto aprobado se descalifica desde el propio título, ya que el poder adquisitivo de las pensiones no solo no queda garantizado, sino que en 2021 y 2022 las personas pensionistas perderemos poder adquisitivo al cambiar malintencionadamente, la revalorización anual de las pensiones, sustituyendo el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual acumulado (que ha sido el índice habitual de referencia), por el denominado IPC medio. Este año 2021 el IPC interanual acumulado ha sido del 5,5% y el IPC medio del 2,5%. Por tanto, en el año 2021 las pensiones perderán un poder adquisitivo del 3,0%. A partir del año 2022, se aplicará el llamado IPC medio, por lo que se puede repetir dicha pérdida de poder adquisitivo tanto en 2022 como en años sucesivos. Con el 0,25% de la Ministra Fátima Báñez perdimos un 1,7% de nuestro poder adquisitivo y con el “IPC medio” del Ministro José Luis Escrivá sólo en 2021 perderemos el 3,0%.

Las enmiendas incorporadas al texto legal tienen en cuenta, de manera muy genérica, algunas de nuestras reivindicaciones. Así, se incorporan medidas como la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social (SS) desde 1967 y el compromiso de que los llamados gastos impropios de la SS serán asumidos por los Presupuestos Generales del Estado. El texto también incorpora el compromiso sin concretar de no reducir las pensiones futuras; ese compromiso será medido por la llamada tasa de reemplazo (diferencia entre la pensión a recibir y el último salario), que en la actualidad está entre el 75 y el 80%.

Sin embargo, lo conseguido, no altera la naturaleza globalmente negativa de una reforma que se convierte en una ocasión perdida para garantizar el Sistema Público de Pensiones (SPP) y unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes, y que además consolida los recortes vigentes desde la reforma de pensiones de 2011 y fomenta la privatización del SPP.

La música y la letra que oímos en esta primera parte de la reforma, y en la segunda que se está negociando, sólo hablan de nuevos recortes. No sólo se consolidan los vigentes, sino que asistimos a una cascada de otros nuevos que de confirmarse dejarán pálidos a los de la reforma de 2013.

▪ Las pensiones mínimas siguen en parámetros de miseria muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que debería estar en sintonía con lo que establece la Carta Social Europea.

▪ Se establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que incrementará las cotizaciones a la Seguridad Social de manera generalizada un 0,6% en el contexto de asegurar la financiación del SPP, pero se olvidan de restituir a la Seguridad Social (SS) los denominados “gastos impropios” recursos financieros utilizados para pagar otras políticas gubernamentales; además el MEI, deja abierta la puerta a los recortes de las pensiones si lo consideran preciso para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social.

▪ Se plantea una compensación poco más que cosmética de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, cuya cuantía será la diferencia entre los coeficientes aplicados a la pensión inicial y los que le correspondería según este Proyecto de Ley a partir de enero de 2022, sólo a las personas pensionistas jubiladas anticipadamente con 44 años y 6 meses de cotización o con 40 años o más cotizados cuyas pensiones sean inferiores a 900 euros. Es una medida que certifica la exclusión de nuestra reivindicación, recogida en múltiples Propuestas No de Ley (PNLs) de varios parlamentos autonómicos, de jubilación anticipada sin penalizar, con 40 años cotizados, especialmente en los supuestos de jubilación forzosa por finalizaciones de contrato y despidos individuales o colectivos.

Desgraciadamente, una vez más las promesas a los pensionistas se quedan en palabras que se lleva el viento en beneficio de los de siempre, y se mantienen, en lo fundamental, no solo las políticas de recortes y privatizaciones de todo lo público (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, …), sino que también se mantienen instrumentos represivos como la ley mordaza, que se prometió derogar.

En estos momentos en los que se está disponiendo de recursos públicos ingentes para las grandes empresas y en los que se pretende que pensiones y salarios paguen la inflación es más decisivo y necesario que nunca salir a la calle en defensa de nuestras reivindicaciones.

POR TODO ELLO EXIGIMOS:

1.- Recuperar el poder adquisitivo de pensiones y salarios, garantizando la subida interanual del IPC, para que las pensiones no tengan merma de su poder adquisitivo, de manera que la “paguilla” correspondiente al año 2021 debe ser del 4,6%.

2.- Las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea

3.- Derogación de las reformas de pensiones que aumentan la edad de jubilación y los periodos de cotización para el cálculo de la pensión y para acceder al 100% de ella.

• Jubilación a los 65 años

• 15 años de cotización para el cálculo de la base reguladora

• Hay que establecer medidas efectivas para reducir la brecha de género en las pensiones

• Jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados.

• Retirar, antes de llevarlo al Congreso, el Proyecto de Ley de Creación del Fondo de Pensiones Públicas, que pretende dar cobertura legal a las pensiones privadas de empleo o empresa.

4.- El reto de la viabilidad financiera del SPP no puede ser nuevos recortes sino nuevas fuentes de ingresos, por lo que reclamamos:

• Recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Empleo digno para tener pensiones dignas.

• SMI del 60% del Salario Medio.

• Destopar las bases máximas de cotización.

• Incrementar el porcentaje de la cotización empresarial que se ha ido reduciendo sucesivamente desde 1980 a 2020 en un 5,3%; sin que se redujeran en la misma proporción las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores, que bajaron en el mismo periodo sólo un 0,35%.

• Creación de empleo de calidad y semana laboral de 35 horas como mecanismo para la creación de empleo y aumento de los ingresos por cotizaciones.

• Compromiso de devolución a la Caja de la SS de todos los gastos impropios asumidos por esta y que correspondían a la Administración General del Estado. En el “Informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización y evolución económica, financiera, patrimonial y presupuestaria del Sistema de SS y su situación a 31 de diciembre de 2018”, se recoge que, solo en concepto de gasto sanitario y de complementos a mínimos, entre los años 1987 y 2013, la SS asumió 103.690 millones de euros de gastos impropios que no le correspondían.

Los y las pensionistas frente a la reforma en curso reiteramos nuestra voluntad de seguir luchando por un sistema público de pensiones digno. Obtuvimos victorias en el pasado y seguiremos haciéndolo.
Proseguiremos con nuestras movilizaciones en la calle, y extenderemos nuestro discurso y argumentos a los centros de trabajo, de estudio, ... Animamos a los movimientos sociales, sindicales, y a todas las personas no pensionistas, futuros perjudicados por estos recortes y reformas, a que participen, con nosotros y nosotras, en la Jornada Estatal de Lucha que tendrá lugar en todos los Pueblos y Comunidades del Estado el día 12 de febrero de 2022, para exigir unas Pensiones Dignas, en Defensa del Sistema Público de Pensiones y en contra de su privatización.

¡¡¡ Lo conseguimos en 2018 con el 0,25% y

lo volveremos a conseguir en 2022 !!!

¡¡¡ GOBIERNE QUIEN GOBIERNE 

LAS PENSIONES SE DEFIENDEN !!!

▪ ASJUBI40: : Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar
▪ COESPE: Coordinadora Estatal de Pensionistas
▪ EHPM: Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria
▪ MADPP: Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas
▪ MODEPEN: Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.
▪ PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles, …
▪ UNIDAD-COESPE