El Pacto de Toledo de 2020: El sistema publico de pensiones en venta.(versión 1 - 1 de diciembre 2020)

sobre el Pacto de Toledo

¿Que es el Pacto de Toledo?

El Congreso aprobó el 19 de noviembre por mayoría de 262 votos las propuestas de la comisión del Pacto de Toledo. Es un debate que se ha querido poner en sordina. Los grandes medios han callado. Todos sabemos el control que ejercen las entidades financieras sobre los grandes medios de difusión. Tampoco el debate parlamentario ha tenido repercusión pública. La aprobación del proyecto quedó oculta tras la votación de la ley de Educación que se aprobó el mismo día. No fue casual, se buscaba escamotear a los pensionistas actuales y venideros el debate sobre su futuro.

Desgraciadamente se trata de un texto en que los parlamentarios de la izquierda en el gobierno, asumen el núcleo de las propuestas de la derecha. Las figuras más relevantes del actual gobierno han pasado d puntillas sobre el tema, puesto que saben que están incumpliendo su programa electoral y su compromiso con COESPE. Tienen miedo a la presión popular y en especial al movimiento en defensa de las pensiones que COESPE desde hace años y con mas fuerza estos últimos meses estamos desarrollando. Nuestro movimiento esta poniendo en evidencia una linea divisoria que pone al desnudo la distancia entre promesas y hechos. Solo algunas fuerzas progresistas en el parlamento (ERC, Bildu, CUP) han recogido explícitamente las propuestas del movimiento pensionista y las han presentado en forma de votos particulares.

El Pacto de Toledo no es fruto de la especificidad de nuestro país, forma parte de una metodología de gobernanza que el poder financiero trata de amordazar la democracia. Fue el Banco Mundial quién en 1994 marcó los objetivos. El documento base se tituló Envejecimiento sin crisis1. A continuación otros organismos internacionales de la Gobernanza mundial lo replicaron, pretendiendo hacernos creer en la inevitabilidad de los recortes. Se inició un debate sobre las pensiones enormemente sesgado, que tratab de convencer a los ciudadanos que las pensionista que se había conquistado en el siglo XX eran insostenibles y que su gestión seria mucho mejor en manos privadas. Pero sus “sesudos estudios” sobre la crisis de las pensiones se han demostralo una y otra vez falsos. El Banco Mundial y la OCDE han pronosticado la quiebra de las pensiones 10 veces en los últimos 14 años. Siempre se han equivocado sus predicciones, pero jamás han reconocido sus errores. Dando la espalda a la evidencia científica, ellos siguen obsesionados con el supuesto “desequilibrio financiero” de las pensiones públicas basado en premisas totalmente cuestionables. De hecho, al mismo tiempo que la sostenibilidad de las pensiones públicas se mantenía en pie, silenciaban que en esos 30 años lo que sistemáticamente ha quebrado han sido las pensiones privadas, la supuesta solución que venían planteando y que impertérritos a la realidad siguen tratando de imponer.

Los gobiernos europeos asumieron los dictados del Banco Mundial y en 1997 introdujeron en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, medidas sobre las pensiones, a pesar que esa no es una competencia comunitaria. Este pacto de hierro que limita la soberanía de los gobiernos se ha convertido en un instrumento clave contra la “generosidad” de los estados hacia los pensionistas, ha sido profundizado posteriormente por el Tratado de Lisboa (2007). El Tratado situa la privatización de las pensiones como objetivo (objetivo nº 2) estableciendo que se debe “Remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de las regulaciones internas de los sistemas de pensiones, incluidos lo planes complementarios de pensiones”.

El dinero que mueven los sistemas de pensiones en Europa supera los 2.1 billones de euros, y ello es un inmenso pastel que la banca quiere repartirse. En nuestro país supondría para las entidades financieras más de 140 000 millones anuales. Pero se trata de un botín que no es fácil que democráticamente se traspase de la administración a las manos financieras privadas. Es por ello que el FMI alentó el desarrollo de mecanismos como el Pacto de Toledo, que impone como imperativo técnico lo que es una decisión política. Así el FMI ha llegado ha decir que: “la Comisión del Pacto de Toledo es un foro muy adecuado para consensuar las reformas que deben irse adoptando en orden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Entusiasmados por este mecanismo que en su día CiU propuso para España, lo proponen como modelo para el resto del mundo.

“Las pensiones son una competencia nacional de los Estados miembros”, se dice en el Tratado de la Unión. Pero aunque la UE no puede intervenir formalmente en el marco legal de cada estado en  ese campo, si puede hacer “recomendaciones” de carácter obligatorio sobre los presupuestos. Por esta vía se recortaron las pensiones en Grecia y ahora en nuestro país en el borrador de presupuestos Pedro Sánchez ya ha introducido algunas propuestas de la Comisión sin esperar a tener las recomendaciones finales. Entre otros puntos ya figura la creación de planes privados de pensión de empresa. En esa dirección el pasado año el ministro Escrivá envió a la Comisión Europea una propuesta de “mochila austriaca”. La resistencia y la presión popular ha obligado a reformular estéticamente esa propuesta forzando a que el ministro tuviese que reformular su relato con el denominado “modelo inglés”, que el Pacto de Toledo se ha apresurado a recoger.


La Comisión Europea reconoce que con las reformas que impone el Pacto de Estabilidad se va a reducir la “generosidad” con los pensionistas4. Pero tienen miedo de la reacción popular y advierten que se debe “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social con el riesgo consiguiente de ser derogadas en el momento mismo en el que deberían comenzar a ser plenamente aplicadas, es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento”5. Saben desde el principio que juegan con fuego y que van a existir resistencias. Es por ello que en el mismo documento plantean: “las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social del fundamento de la reforma”. Es en esta linea que el mecanismo del Pacto de Toledo les parece un instrumento estupendo, al sustraer del debate político público la cuestión de las pensiones. En todo caso lo que sorprende es que sindicatos y fuerzas políticas progresistas caigan en esa trampa.

Han pasado 25 años desde que en 1995 se establecieran las primeras 15 recomendaciones sobre las pensiones. Desde entonces se han actualizado en dos ocasiones en 2003 y 2011, esta será la siguiente. Se pretende que estas propuestas sean vistas por la ciudadanía como una mera cuestión técnica. Se nos quiere hacer creer que es fruto de una reunión de “técnicos” y “sabios” neutrales. Nada de eso, las recomendaciones son el resultado del posicionamiento político de cada partido y de la correlación de fuerzas existente entre las partes en conflicto. Son fruto de la ideología y de la lucha política. En esos debates están presentes todas las fuerzas parlamentarias que son en definitiva, las que tienen potestad para convertir en leyes esas recomendaciones.

En nuestro país desde 1995 hasta ahora, las pensiones han sufrido importantes modificaciones. El primer intento de recorte lo hizo Felipe González, pero la respuesta popular en forma de Huelga General (14 de diciembre de 1989) lo derrotó. Posteriormente el gobierno Aznar firmó con la participación de los grandes sindicatos la ley 24/1997 por la que se incrementó de 8 a 15 el número de años utilizados para el cálculo de la pensión o la norma 35/2002 de 12 de julio que incentivaba la jubilación más allá de los 65 años. Las diferentes recomendaciones del Pacto de Toledo han tenido como objetivo en la mayoría de los casos reducir o contener el crecimiento de las pensiones. Las recomendaciones han sido utilizadas a conveniencia. Han servido de escudo y de espada, cuando las gentes trabajadoras exigían protestaban para mejorar las pensiones se les decía que la coyuntura no era favorable y que no se podía, cuando callaban perdían derechos.

Los impulsores del Pacto no pretenden buscar el equilibrio del sistema, ni hacer más justa la redistribución de las pensiones. Cada vez que han introducido cambios han profundizado la mal llamada “crisis de las pensiones”. No nos engañemos, su objetivo es reducir la cuantía de las prestaciones públicas y abrir de par en par el mercado de las pensiones privadas (para quien
pueda pagarlas). Es un objetivo muy deseado por el modelo neoliberal: David Harvey lo definía
como acumulación por desposesión.

¿Porque a los bancos les interesan las pensiones?

La banca mundial sigue enferma. La salida de la crisis del 2008 se hizo rescatándola con fondos
públicos, pero sin que cambiase su modelo de negocio especulativo y depredador. Al contrario, el rescate ha hecho que las empresas bancarias sean más adictas a los negocios fáciles y cautivos, es decir aquellos que los estados garantizan. Además la concentración bancaria les ha permitido reducir sus costes y empeorar el servicio, incrementando las comisiones bancarias, cerrando sucursales, mintiendo sobre los productos financieros…. y volviendo a mentir cuando hablan de las bondades de las pensiones privadas.

Pero la realidad se impone siempre. La en su día tan “cacareada” solidez de los sistemas privados de pensiones, se vino abajo en 2008 con la crisis de las hipotecas basura. Los pensionistas, especialmente norteamericanos, perdieron su pensión o vieron su cuantía terriblemente reducida (en más de un 50% de media). Entre un 20 y un 30% de antiguos pensionistas forman parte hoy en ese país del ejercito de “homeless” (los sin hogar) que pueblan las ciudades norteamericanas.

En Chile Pinochet disolvió el sistema público de pensiones en 1974 y obligo a depositar cada mes un porcentaje del sueldo en una cuenta personal en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Entre las demandas de los chilenos que se han movilizado estos últimos meses en las calles, están las bajas rentas de los jubilados, resultado del AFP. En el centro del repudio (en el referendum y en la calle) a la Constitución de Pinochet, esta la oposición al sistema AFP que todo el país sabe que enriquece a las grandes empresas a costa de las personas jubiladas.

En el caso europeo, la ofensiva de la banca contra las pensiones públicas se concretó en el PEPP (pan-european personal pension product), aprobado el último día hábil de la anterior legislatura del Parlamento Europeo el 4 de abril del 2019. Un sistema cuyo objetivo era sanear la banca europea traspasándole gradualmente los recursos que mueven las pensiones gradualmente, pero no garantizar los derechos sociales de los pensionistas. La excusa es que la Comisión Europea no tiene competencias para ello: que se apañen los estados con los pensionistas pobres que ello pueda provocar, como se las tiene que apañar con la pobreza, la emigración o la violencia de genero. La UE solo se ocupa de lo importante: la banca y las finanzas.

En nuestro país tenemos ya alguna experiencia. El último gobierno Aznar firmó con los sindicatos mayoritarios en 1996 que una parte de las subidas salariales de los funcionarios públicos se dirigieran obligatoriamente hacia un fondo de pensiones. Fue un fiasco, en el momento de recuperar las cuantías estas eran inferiores a lo que habían aportado los trabajadores. Los rendimientos financieros fueron mínimos o negativos y la presión fiscal los remató. ¿Aprendieron algo nuestros políticos o los europarlamentarios de esta crisis? ¡Nada!. Siguieron entonando la misma cantinela. La OMC. por ejemplo seguía afirmando en 2015 refiriéndose a nuestro país que era necesario: “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”.

Todo sirve para vender el negocio de la privatización de las pensiones. Hay en marcha desde hace mucho una campaña de “persuasión” orquestada por fondos como BlackRock o entidades como Deustsche Bank, Bilbao, Santander o La Caixa, Una campaña acompañada de grandes sumas destinadas a “convencer” a múltiples partidos de derechas y no pocos de izquierdas6, incluyendo a los grandes sindicatos, de las bondades de la nueva propuesta.

Peró la realidad se impone a la propaganda: la rentabilidad acumulada de los fondos de pensiones individuales entre diciembre de 2003 y diciembre de 2018 fue del 38,7%, mientras que en ese mismo período los bonos del Estado rentaron un 95%7.

Y el fracaso del sistema privado de pensiones en España es visible por doquier. Según INVERCO, sólo el 8,2% de los activos financieros de los hogares españoles (1,6% de activos totales) se destinan a Planes Privados, frente al 60% de Holanda o 48,7% de Reino Unido. El volumen de dinero invertido en esos planes en el 2012, se ha reducido y no ha sido vuelto a recuperar. Pero como la ciudadanía no cree ni en la propaganda de los bancos, ni en el espantapájaros del Pacto de Toledo, los poderosos han decidido que había que obligar a la gente a tener esos planes.

Por cierto una ciudadanía que muestra una airada exigencia de que se le devuelva el dinero de las financieras atrapado con esos planes. José Mari Lazkano portavoz de la ‘Plataforma de Agraviados por Geroa’ manifiesta muy claramente al frente de una potente movilización “Ya hemos tomado la decisión y vamos a llevar a Geroa Pentsioak [sistema vasco complementario de pensiones] a los tribunales. Queremos cobrar el dinero como nosotros decidamos porque es nuestro. ¿Por qué no nos deja Geroa cobrar el dinero que hemos aportado durante nuestra vida laboral en forma de capital y todo de una vez y solo tenemos la posibilidad de cobrar 180 euros mensuales como renta durante 25 años? ¿Qué esconde Geroa? ¿Falta de liquidez? Si no es un corralito, el ‘Euskorralito’, se le parece mucho”. Unas declaraciones8 que se producen la misma semana que el Pacto de Toledo, en una de sus recomendaciones, y el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, plantean ‘adoptar’ el modelo vasco para toda España.

¿Que proponen las recomendaciones aprobadas en 2020?

El documento que ha elaborado la Comisión del Pacto de Toledo presume de lo que no tiene: un análisis fiable de la situación de las pensiones. Por el contrario, en sus análisis sólo contempla una serie de variables que son muy cuestionables, mientras que otras ni se mencionan. Así se habla de demografía, de costos, de relación entre lo percibido y lo aportado… pero olvidan intencionadamente el beneficio extraído, el enorme incremento de la productividad por trabajador, la riqueza generada a lo largo de muchas décadas (el PIB per cápita pasó de los 4.227€ en 1980 a 26.430€ en 20199). Tampoco se habla de como los sucesivos gobiernos han utilizado, para conseguir las mayorías parlamentarias, los fondos generados por las cotizaciones sociales a discreción. No se analiza porque los gobernantes incumplieron e incumplen sistemáticamente sus propias normas en cuestiones como la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ni habla la Comisión de cómo se han otorgado préstamos a determinadas fuerzas políticas representadas en los gobiernos de las CCAA y cómo estas cantidades, tras varias décadas, aún no han sido reclamadas por los gobiernos centrales.

El documento de la Comisión es en gran parte un cúmulo enorme de hojarascas literarias lleno de expresiones ampulosas. En el podemos leer que pretenden que con sus medidas: “nos aleje de aquellos antiguos modelos de sociedad tan tacaños que —como justo castigo a su avaricia— padecían, a la vez, todas las mezquinas preocupaciones del rico y todas las miserias y penalidades del pobre”10. Pero como veremos a continuación, en lo concreto pretenden enriquecer a los bancos a costa de un derecho social cuya perdida provocaria sin duda que precisamente aumentaran las “miserias y penalidades del pobre”.

Pero es justo reconocer que algo ha cambiado en las formas de verbalizar sus recomendaciones.

Mientras el espectro de la privatización de las pensiones asoma en el horizonte, ahora tienen miedo de la reacción popular. Por ello han cambiado el tono. Ahora aceptan la revalorización de las pensiones, que años antes decían era técnicamente imposible. Y así, aceptan que hayan subido el 0.9% contradiciendo sus propios análisis que desde 1995 advertían de supuesta imposibilidad de incrementar las pensiones. En realidad es la presión popular organizada a través de la COESPE y el movimiento pensionista, que lleva más de 150 lunes saliendo a las plazas públicas de todo el país, lo que ha hecho saltar ese dogma neoliberal. Quieren hacernos ceer que ese cambio de tono es una concesión a los representantes de la izquierda en la Comisión del Pacto en la recomendación 2.

Pero esa propuesta de revalorización aparece de forma confusa y contradictoria. En primer lugar hay que señalar que aparecieron diversos cambios entre las versiones que se facilitaron a la prensa y las que aparecieron en el Boletín del Congreso. En la primera versión que circuló se decía refiriéndose al IPC: “resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”11.

En una segunda versión se apostaba por la utilización del IPC como índice, pero en la tercera y definitiva en el último párrafo de la recomendación se nos retrae al documento de 2011 donde se dice: “resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”12. El proceso de presentación del documento ha sido deliberadamente confuso con el objetivo de ocultar el alcance real de las reformas. Se comunico en rueda de prensa el 26 de octubre, pero el Congreso no lo publicó oficialmente hasta el 10 de noviembre, haciendo circular diversas versiones oficiosas encaminadas a desmovilizar a los pensionistas y dulcificar las recomendaciones, esperando que el contexto (COVID, elecciones USA, debate presupuestos…) encubriese la propuesta de fondo.

El hecho es que el gobierno en su programa se comprometió a subir las pensiones por el IPC (indice de precios del consumo), pero el pacto que sus diputados han firmado, acepta que en el futuro, si la presión popular no lo impide, esa revalorización se aplique según unos indicadores que no se concretan, pero que ya intuimos que se inventaran por el gobierno de turno para rebajar las pensiones muy por debajo del IPC.

También la propuesta de separación de las fuentes de financiación, que se reitera en todo el documento13 se podría entender como un avance. Pero muchas de estas recomendaciones ya figuraban en los textos de 1995, 2003 y 2011 y se ha hecho muy poca cosa para aplicarlas. Los gobiernos se saltaron sus propias recomendaciones y cargaron costos indebidos a la Seguridad Social, como las bonificaciones a los empresarios por contratación o las pensiones de mínimos...

Estamos acostumbrados a ese proceder: las recomendaciones que pueden ser un avance no se concretan y quedan como enunciados retóricos que sirven para encubrir las recomendaciones regresivas que si se aplicarán, aquellas que desde la creación del pacto han servido para degradar el sistema de pensiones.

Examinemos algunas de las recomendaciones para extraer el fondo de sus verdaderas intenciones.

Como en el pasado, siguen planteando en la recomendación 1 la separación de las fuentes de financiación impropias de la Seguridad Social. Pero mientras llenan párrafos con severas advertencias, el gobierno (con la complicidad de la oposición) detraen de las cotizaciones sociales los costos del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de otra recomendación teórica, que se incumple en tiempo real ¿Porque? Primero por supuesto, porque hacer otra cosa implicaría aplicar una fiscalidad progresiva sobre los más ricos, prefieren que las ayudas a los pobres parados se las paguen los pobres pensionistas. Pero en segundo lugar, porque como los gobiernos anteriores les conviene empeorar intencionadamente el déficit de la SS, para justificar su discurso catastrofista sobre la “crisis” del sistema público de pensiones. Esta comisión de supuestos “sabios” ignora que según el informe del Tribunal de Cuentas de finales de agosto pasado, los pagos indebidos que debería haber soportado el Estado vía presupuestos que fueron pagados por las cotizaciones, más los créditos con fondos de estas cotizaciones a las CCAA no reembolsados desde hace 25 años, más las rentas no obtenidas por el uso de los activos propiedad de la Seguridad Social superan los 103.000 millones de euros14.

Sin embargo a esa recomendación 1 ahora se le añade algo nuevo: «La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse, —si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda— permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia». Dicha transferencia habría de efectuarse, en su caso, sin ocasionar menoscabo alguno en los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social”. Es cierto que los gobiernos de turno concedieron créditos cuando necesitaba liquidez, pero no es menos cierto que esos créditos cubrían en realidad pagos que el Estado no quiso asumir traspasando la deuda a la SS. El Pacto propone ahora que la SS pierda la propiedad de su Patrimonio inscrito a nombre de la Tesorería General. Es sin duda una medida de enorme alcance puesto que abre camino a la pérdida de activos muy duramente conseguidos tras décadas de lucha, de esfuerzo y de ahorro nacional. En concreto se abre la puerta a la venta y privatización del enorme patrimonio inmobiliario de la SS, entre los que están la mayor parte de los grandes hospitales del país.

También emergen contradicciones en la recomendación 3 sobre la constitución de un Fondo de Reserva (FRSS). Este se debería nutrir de los excedentes anuales de las cotizaciones. Ahora nos proponen que cuando ”se alcance el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social” se vuelva a la situación anterior. El FRSS fue aprobado por la Ley 24/1997 y estuvo congelado durante el gobierno de Aznar hasta el año 2000 y cuando se comenzó a llenar fue de forma cicatera y miserable; por ejemplo en ese año el superávit de la SS fue de 6800 millones de euros mientras lo ingresado al FRSS fueron 600 millones. El dinero que se apropió el gobierno Aznar sirvió entre otras cosas para rebajar los impuestos a las grandes fortunas y financiar la guerra de Irak posteriormente. Entre el 2000 y el 2011 las aportaciones que se hicieron al FRSS fueron inferiores en cuantía al excedente producido. Análisis realizados por expertos de la Universidad de Valencia y Extremadura, demostraron que si se hubieran computado los excedentes y limitado las cargas indebidas que soporto la SS, el superávit disponible en 2017 sería 108.866 millones de € (9,4% del PIB Nacional)15. Finalmente Rajoy, al vaciar la hucha mató el Fondo de Reserva. Sin que merezca ningún análisis serio todo ello por parte de los “sabios” de la Comisión, cínicamente la merma del fondo es uno de los principales argumentos de bancos y “expertos“ (entre otros el ultra neoliberal Gobernador del Banco de España) para privatizar el sistema de pensiones.

Tampoco merece la atención de esos sabios, que el informe del Tribunal de Cuentas reconozca que ese Fondo de Reserva (hoy vacío) y las pensiones públicas que lo nutren (es decir los ingresos futuros) han sido puestas como garantía, en caso de que no podamos pagar las deudas derivadas del primer rescate financiero del 2008. Nuestras pensiones peligran en caso de un impago a la banca Internacional por efecto de la crisis financiera del 2008, ya que están puestas como garantía de cobro de la Deuda Pública. Pero esa no es una amenaza a tener en consideración para los fines de quienes manejan el Pacto.

La recomendación 5 roza nuevamente el absurdo. En ella se pretende incentivar las carreras profesionales más allá de los 65 años, mientras se habla en la recomendación 17 (bis) de la precariedad y el subempleo juvenil. En ella se reconoce que “Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones”. ¿No sería más lógico dejar paso a los trabajadores jóvenes?

Evidentemente la Comisión no arbitra ninguna propuesta para combatir el paro juvenil.

La recomendación 8 presenta nuevas incoherencias. Mientras en una parte se habla de la necesidad de reforzar con medios las plantillas de la SS garantizando el “carácter público de la gestión del sistema...” en otra se propone “la creación de una agencia de Seguridad Social que garantice, no solo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia…”. La recomendación apunta hacia la ruptura de la Caja Única utilizando para ello el fraccionamiento de la gestión. La debilidad parlamentaria del PSOE ha permitido al PNV conseguir esas competencias, a partir de las cuales va a poder aplicar procesos de privatización de manera más discreta. Nada que no hayamos visto en el campo de la sanidad o la educación en el mismo País Vasco o en Cataluña con CiU. Se trata de dejar sin medios a la administración pública para abrir la puerta a la colaboración público-privada cuyos resultados en términos de encarecimiento y perdida de calidad han sido clamorosamente puestos en evidencia con la epidemia en la sanidad y las residencias de ancianos.

En la recomendación 13 se habla de la brecha en las pensiones en el colectivo de las viudas,
profusamente denunciada por COESPE, pero no se arbitran propuestas reales para paliarla. En 2003 ya se hablaba de una formulación integral, que no se ha llevado a término. Tampoco en 2011, siendo paradójicamente unos de los sectores más golpeados por la pobreza. Aunque quizás hay que interpretar positivamente esta falta de propuestas, como una cierta cesión ante las demandas de la COESPE exigiendo subir la pensión mínima. Podría ser ciertamente peor: sabemos que en anteriores borradores se consideraba la propuesta que se lanzaba desde la AIReF y el Banco de España, que proponían la supresión o la rebaja de las pensiones de viudedad y trataban de convertir la viudedad en pensión no contributivas enviándola a beneficencia. El nuevo Pacto de Toledo ahora no lo menciona pero sus promotores volverán seguro a plantearlo si encuentran un momento apropiado.

En la recomendación 17 se menciona el problema específico de la brecha de género, pero no se arbitra ninguna medida concreta más allá de la palabrería. En la primera y segunda versión si que hubo alguna propuesta concreta, pero ha desaparecido en la tercera y última.

La recomendación 19 aunque plantea los riesgos para las cotizaciones sociales del problema de la robotización, la cuestión queda en un mero enunciado. De este tema la gran patronal espera obtener jugosos beneficios. Reducirán costos laborales, impondrán una mayor flexibilidad y si pueden proyectaran el excedente laboral hacia las jubilaciones anticipadas o el paro (los procesos de fusión bancaria que se dan en nuestro país son un ejemplo). En cualquier caso todo esto obligaría a rediseñar las fuentes de ingresos ¿Deben pagar IRPF los robots?. La Comisión no hace propuestas concretas sobre esta cuestión. Por cierto, hay en esta recomendación un hueco importante; se hecha en falta propuestas para aumentar la tributación de las grandes transnacionales. En este sentido la UE, a finales de octubre, amenazó a nuestro país con llevarlo a los tribunales de la UE y sancionarlo si el ejecutivo no transcribía a la legislación española las nuevas directrices tributarias impuestas por Bruselas, más rigurosas fiscalmente que las españolas. En este caso la UE pretende imponer más impuestos a las empresas multinacionales que los evaden a través de triquiñuelas contables y nuestros gobernantes tan sumisos para aplicar recortes emanados de la UE sobre las clases populares, se muestran en cambio muy reacios a actuar cuando los afectados son los poderosos.

Otro tema enormemente grave es el tratamiento del factor de sostenibilidad. Fue otra de las lineas rojas que planteó el gobierno actual como irrenunciables en su programa. Efectivamente, las anteriores contrarreformas habían impuesto el denominado factor de sostenibilidad que proponía rebajar desde el principio la cuantía de las pensiones; el documento dice: “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado. Su aplicación, inicialmente prevista para 2019, ha sido retrasada por la disposición final trigésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que dispone lo siguiente: «La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023»

17. El movimiento de los pensionistas ha bloqueado en estos tres años su aplicación, pero ni el actual gobierno, ni la Comisión del Pacto de Toledo muestran ningún interés en abolir ese mecanismo.

Teniendo en cuenta las trampas, las falacias y las medio-verdades descritas, es positivo que se acepte el principio (que no la aplicación clara) de revalorización en la recomendación 2. Pero entonces ¿que coherencia tiene aceptar la revalorización y a la vez no derogar definitivamente ese factor de sostenibilidad? ¡Es evidente que el Factor de Sostenibilidad desvaloriza las pensiones de los trabajadores desde el primer día de su jubilación! Es fácil sospechar que simplemente se esta retrasando su aplicación. Se busca un momento donde la resistencia sea menor.

Lo peor de las recomendaciones: la verdadera carga de fondo

Hemos dejado para el final analizar lo que es el núcleo del documento y lo que representa un mayor peligro para la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Se trata de la. recomendación 16, una de las claves de todo el documento.

En ella se propone que en las empresas (comenzando por Pymes y empleados públicos) una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa. El documento no concreta que cantidad o porcentaje a la espera de cual es la reacción y el gobierno que de cada momento. Pero esto es un cambio cualitativo de la situación, que requiere rehacer la Ley de la Seguridad Social.

Estamos hablando de que el Estado va a obligar que una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados. Como hizo Pinochet en 1973 para compensar a aquellos que le apoyaron en el golpe.

A instancias del Ministro Jose Luís Escrivá, se propone que una una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa. La verborrea es la de siempre, lo denominan “macrofondo de empleo de promoción pública”. La propuesta nos sitúa en un escenario mixto con un sistema de inversión tutelado por el Estado. Pero sabemos sobradamente de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, que en el pasado han colaborado activamente en el saqueo de la riqueza nacional. ¿Tutelarán las pensiones gestionadas por los bancos como tutelaron la CNMV o el Banco de España a Cajas y Bancos que hubieron de ser rescatados con dinero público?¿Quién cubrirá las pensiones privadas en caso de quiebra de las entidades gestora?¿Porque el Estado tiene que hacerse cargo de la mala praxis bancaria en que pueda incurrir las entidades financieras?. Es curioso como la propia Comisión reconozca el insuficiente e insatisfactorio recorrido de la propuesta, pero persista en su error cuando afirma: “Consciente del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas han tenido hasta la fecha, la Comisión reafirma su apuesta por impulsar su implantación efectiva”. Como decía Cervantes ”mantenella y no enmendalla”.

Fracasados los planes de pensiones privados voluntarios en España, se quiere imponer de esta manera los Planes de Pensiones de Empresa. Se obligará a los trabajadores a suscribir Planes de Pensiones basados en un sistema de capitalización. La consecuencia inmediata sera la reducción de ingresos por parte de la Seguridad Social dificultando el pago de las pensiones actuales, pero significa que a largo plazo el ahorro social se traspasara a las grandes entidades bancarias. Un sector que repetidamente ha mostrado su incapacidad para garantizar los depósitos de sus clientes, que ha mostrado su parasitismo del sector público. Es ese sector y no las pensiones quienes han sido rescatados con nuestros impuestos en el 2008. Son entidades patológicamente insolventes y socialmente irresponsables, aunque ello al parecer no merezca la más mínima atención del Pacto de Toledo.

También se oculta, que como ahora en Chile, cuando los fondos quiebran quien tiene que atender la pobreza extrema es el Estado. Es ahora el estado chileno, quien ante la oleada de protestas sociales esta complementando las pensiones más bajas, para paliar el desastre social que crearon las AFP. Es decir, con toda probabilidad, se esta imponiendo a largo plazo al estado español otro enorme gasto público.

Otro efecto de esa ruptura de destino de las cotizaciones obligatorias va a ser el deterioro de la caja común de la Seguridad Social. Con ello el poder económico pretende además de poner en manos de la banca una parte de sus ingresos futuros, romper la solidaridad entre trabajadores.

Cada fondo, cada grupo tendrá que enfrentar por separado y ante sujetos distintos sus reclamaciones.

Quienes han inspirado las recomendaciones del Pacto de Toledo se proponen, detrás de la retórica habitual, algo simple: apropiarse de la riqueza nacional. En la práctica vienen a decir que entregemos una parte, aún por dilucidar, del dinero de las cotizaciones a un fondo que supuestamente no ha de tener “ánimo de lucro” pero que tiene que dar rentabilidad a los pensionistas. Es la cuadratura del círculo. Sólo hay un tipo de instrumentos que sin ser puramente financieros y “sin ánimo de lucro” reúnan esas condiciones y son las Fundaciones. Tanto el BBVA, como el Santander o La Caixa por citar algunas, tienen constituidos esos instrumentos de intermediación financiera bajo la apariencia de entidades “filantrópicas”. ¿Alguien duda que el dinero de las pensiones será gestionado por esas fundaciones y que pasará a convertirse en un activo más de los bancos? Sería una gran victoria para los fondos internacionales que a través de sus accionistas controlan al sector financiero español.

La aceptación del pacto por el Parlamento no es el final

Mientras en Chile, tras meses de dura lucha en las calles con decenas de muertos, la población ha votado contra la Constitución de Pinochet que impuso, a sangre y fuego, las pensiones privadas, ahora en España se recomienda desarrollar algo similar al modelo chileno.

Mientras que en España los cotizantes de Garoa, levantan la voz y se movilizan contra el secuestro de sus ahorros que el PNV promovió durante decenios, ahora se pretende aplicar las pensiones de empresa a gran escala y de forma obligatoria a todos los trabajadores del país.

La recomendación 16 abre la puerta a la privatización forzosa de las pensiones, pero también a una movilización social creciente. El Parlamento va a tener que traducir las recomendaciones Pacto de Toledo en leyes y ello no sera fácil. En primer lugar porque las movilizaciones van a seguir e incrementarse en la medida que COESPE tenga éxito en explicar los contenidos reales del Pacto a jubilados y trabajadores. En segundo lugar, porque tampoco el FMI ha conseguido una esperada unanimidad y consenso en el Parlamento. Unos pocos no han tragado la imposición del “consenso” y por tanto la cuestión de las pensiones va a seguir en el debate político, por mucho que algunos hayan renunciado de momento a ello.

La estrategia de la confusión parece que no ha funcionado. El movimiento pensionista, a pesar de las obligadas medidas de protección sanitaria, sigue vivo y activo, en la calle y en las redes. Este no es un tema que puedan esconder en la chistera, tiene vida propia y organización: COESPE.

Una organización transversal, independiente de las estructuras institucionales y que pese a todos aquellos que han intentado sabotearla y ignorala en los medios, esta unida por un programa claro y ampliamente compartido. Esta vez los poderosos no lo van a tener fácil. Los tiempos en que las contrarreformas de los sistemas públicos de pensiones eran impuestos sin resistencia, sea en Chile o en España, han terminado. Quienes nos gobiernan harían bien de tomar nota de ello.

La aceptación, con nocturnidad y tras el debate de la Ley de Educación, del Pacto de Toledo no acaba nada. No estamos al final de un proceso, es una carrera de fondo. Ahora tendrán que afrontar su desarrollo legislativo. El gobierno de coalición, de nuevo, como en el caso de la fusión bancaria o la reforma laboral parece olvidar sus promesas electorales. Quieren convertir el contrato con la ciudadanía que los aupó en un mero fuego fatuo. Pero parece que la sociedad crecientemente organizada e informada esta aquí vigilante, para recordárselo y pedir cuentas.

Todos y todas las activistas de COESPE tenemos un enorme trabajo por delante en cada pueblo y ciudad para explicar a los pensionistas y trabajadores cual es el peligro que les amenaza y cual es la forma de conjurarlo: la movilización social, la argumentación y la lucha gobierne quien gobierne

Eduardo Luque Guerrero, Ramón Franquesa Artés

Comisión de Legal y Formación de COESPE

¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

1 Averting Teh Old Age Crisis http://documents1.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multipage.

2 Gobernanza es una formulación neoliberal, que viene a significar la búsqueda de mecanismos de formación de“consensos” que superen los mecanismos democráticos de soberanía popular.

Según esta visión, promovida por las plutocracias globales, las democracias de finales del siglo XX eran demasiado participativas y no permitían tomar decisiones adecuadas a los problemas de nuestro tiempo, que requerían decisiones que con frecuencia las masas noestaban dispuestas a aceptar: privatizaciones, bajadas de salarios, perdidas de derechos sociales, etc.

3 IMF, Country Report No. 17/320, October 2017, p 19

4 El mismo lenguaje denota que no o entienden como un derecho creado por el trabajo, sino como una “caridad” de quienes ven reducidos sus beneficios por los acuerdos sociales del pasado, que crearon el sistema público de pensiones.

5 Pension Reforms in the EU since early 2000’s: Achievements and Challenges Ahead, Dirección General de Asuntos economicos y Financieros de la CE diciembre 2016 (Dicussion Papers 42, Dec. 2016)

6 El mayor fondo de pensioes del mundo Black Rock destina anualmente (reconocido oficialmente) más de un millon y medio de euros para “convencer” a numerosos europarlamentarios que votaran a favor del PePP (Plan paneuropeo de pensiones privadas) hace dos años. Al margen se destinaron grandes sumas que están siendo estudiadas via judicial en el caso de varios parlamentarios laboristas y conservadores ingleses que incluían viajes a hoteles de lujo en Riad sin compañía femenina (al menos la legítima) Ver: El PEPP: el austericidio de las pensiones públicas. Los nuevos adivinos (I)https://www.cronicapopular.es/2019/03/el-pepp-el-austericidio-de-las-pensiones-publicas-losnuevos-

adivinos-i/

7 https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/4153204-rentabilidad-fondos-pensiones-espan-2003-2018

8 https://www.lainformacion.com/espana/rebelion-miles-pensionistas-vascos-llevaran-sistema tribunales/2819590/

9 https://datosmacro.expansion.com/pib/espana.

10 Boletín Oficial de las Cortes Generales, 10 de noviembre de 2020, num. 175, pag 60.

11 Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, Congreso de Diputados, 2020. pag 62.

12 Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, 2011, Ministerio de Trabajo e Inmigración, pag 79.

13 Recomendaciones la 1, 2, 3, 6 y 12

14 https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

15 https://www.uv.es/pensiones/docs/pensiones-jubilacion/Fondo_reserva.pdf.

16 El factor de sostenibilidad es un mecanismo previsto por la ley actualmente vigente, que interviene en el cálculo de la pensión inicial de jubilación, reduciéndola en función de lo que haya aumentando la esperanza de vida y otras variables, desde el momento de la jubilación. Tenía prevista su entrada en vigor en España el 1 de enero de 2019, pero tras la presión social, en abril de 2018 el gobierno suspendió esta cláusula hasta 2023.