UNIDAD Y SOLIDARIDAD

Son tiempos difíciles, y nos espera un largo camino hacia la normalización, la pandemia a puesto contra la pared al gobierno central y también a los Autonómicos, se están pagando las consecuencias de las políticas de recortes y ajustes sobre todo en el ámbito de la sanidad, donde hay culpables con nombres y apellidos.

No podemos pasar por alto y como si no hubiese sucedido nada, cuando hemos sufrido la crisis social y humanitaria mas grave de los últimos 100 años, hay que pedir responsabilidades, porque mas de 28,000- muertos no se pueden borrar de un plumazo y hacer borrón y cuenta nueva.

Hoy los sanitarios estan reclamando mejoras en sus condiciones de vida, y piden tener los recursos necesarios para poder trabajar en las mejores condiciones y con los minimos riesgos posibles, ellos han dado en esta crisis sanitaria mas del 100% a trabes de jornadas interminables de trabajo y sufrimiento.

Hoy las sanitarias/os salen a las puertas de los hospitales a recibir los aplausos de los y las ciudadanas, pero también a pedir apoyo y solidaridad para la conquista de sus reivindicaciones que les están siendo denegadas desde el año 2015, en cuanto a lo económico, y para que se les hagan test masivos del covid 19, para poder trabajar sin miedo protegidos ademas con los EPI de los cuales han carecido a lo largo de esta pandemia, por lo que han pagado las consecuencias con mas de 80 fallecidos.

Por lo que el MPDT, a estado y estará al lado de los/as imprescindibles, solidarizándonos con sus reivindicaciones que también son las nuestras y dando apoyo todos los miercoles y jueves que tengan concentración en las puertas de hopitales y Caps. La solidaridad y la unidad de acción es lo que nos ara fuertes de cara a la conquista de las reivindicaciones de las trabajadoras/es sean del sector que sean, LA UNIDAD EL ÚNICO CAMINO

Miercoles dia 17 junio frente mutua Terrassa

Jueves 18 en las puertas del hospital CST

concentracion consorsi sanitari terrassa

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por las derechas donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid, Catalunya o Valencia, por citar solo las más significativas.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.

Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario.

Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. 

No podemos permitir que la Sanidad Pública 

se convierta en un negocio 

en el que unos pocos 

se beneficien a costa de la salud de tod@s

REIVINDICACIONS COMITÈ D’EMPRESA CST

Situació post-COVID19

(pactades per UNANIMITAT a la reunió del Comitè d’Empresa de 11/06/2020)

- La compensació que ha fixat el Govern de la Generalitat NO reflecteix el grau de patiment de TOTES les professionals que treballen a la sanitat catalana; demanem en conseqüència que el CST suplementi fins al màxim establert pel barem (1350 €) a TOTES LES PROFESSIONALS DEL CST AMB INDEPENDÈNCIA DE LA SEVA CATEGORIA PROFESSIONAL.

- Derogació RDL 8/2010, traslladat a Catalunya pel Decret 3/2010, per la recuperació del personal del 5%.

- Recuperació de les DPOs, sense cap mena de vinculació als resultats financers de les empreses.

- Abandonar la precarietat laboral del personal que està amb contractes interins o a temps parcial. Volem contractació estable a temps complet.

- Una sanitat, una jornada: que totes les treballadores de la sanitat, amb independència de la seva contractació (ICS o concertada) i de la seva categoria professional, tinguin la mateixa jornada de treball.

- Possibilitat de jubilació per tot el personal que treballa a la sanitat als 60 anys, d’igual manera que altres col·lectius.

- Garantia que totes les professionals tinguin EPIs homologats i adequats per cadascuna de les tasques a realitzar i segons les necessitats de cada servei. Reposició adequada dels mateixos, no sobrepassant en cap cas l’ús de l’EPI més enllà del temps recomanat pel fabricant.

- Increment de les retribucions del personal en general: tenint unes de les retribucions més baixes d’Espanya, exigim un increment per a totes les persones treballadores de la sanitat catalana d’un 20%.

- Que en CAP CAS el preu que es paga per una hora extraordinària, o d’atenció continuada, sigui inferior al 150% del preu d’hora ordinària. Resulta indigne que les hores COVID s’hagin pagat estrictament com si fossin hores ordinàries. COMITÈ D’EMPRESA

- Que el CST aboni tots els deutes pendents amb les treballadores i treballadors: o DPOs de 2012 pendents de pagar. o Endarreriments des del 2015 del prorrateig delsm conceptes periòdics a la nòmina del mes de vacances, encara judicialitzat.

- Retribució de forma adequada (amb un increment significatiu) per a totes les categories professionals d’aquelles situacions en les que resulta més penós prestar serveis: nits i festius, bàsicament.

- Conciliació de la vida familiar i laboral efectiva (igualtat de possibilitats reals per a totes i tots).

- Millora substancial de les ratis de tots els professionals. Increment de les ratis d’infermeria i de facultatives per l’atenció a la població.

- Millora substancial dels recursos humans i materials que arriben a l’Atenció Primària. Incrementar el seu poder de resolució passa de forma imprescindible per un increment de recursos econòmics per afrontar-ho.

- Que tothom que desenvolupi una tasca per compte del CST (visites domiciliàries, teletreball, etc.) compti amb els recursos materials necessaris per desenvolupar-la proporcionats pel CST.

- Que les persones treballadores que presten total o parcialment el seu servei en contacte amb persones privades de llibertat, percebin un concepte retributiu que reconegui les peculiaritats de la seva activitat, de forma proporcional a la proporció de la seva jornada que es troben en aquesta situació.

- Increment substancial dels pressupostos de salut (en més d’un 50% respecte als actuals), amb una priorització de la despesa pública en l’atenció a la salut de la ciutadania. Actualment els pressupostos de salut no són superiors als que tenia Catalunya al 2010.

Terrassa, a 12 de juny de 2020

RECORDAR EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DISTANCIA Y MASCARILLA

Les nostres Vides, el nostre Capital 

100% Serveis Públics i de qualitat 

#TerrassaPerUnesVidesDignes 

concentracion Mutua terrassa

Una vez más el Moviment per les pensións dignes, se solidariza con los movimientos sociales en lucha, por una sanidad pública 100%, apoyamos a los que a lo largo de esta pandemia han estado al frente de la situación más grave que a nivel sanitario a conocido nuestras generaciones.

- Dimos nuestro reconocimientos a todos y todas los imprescindibles en el transcurso de esta pandemia, desde los balcones, día tras día.

- Hoy necesitan de nuestro apoyo y solidaridad en defensa de sus derechos, tanto salariales

como de mejora de las condiciones de vida en sus puestos de trabajo.

- Por eso una vez más vamos a estar el miércoles 17 a las 11,45 H dando nuestro apoyo en las puertas de Mutua de Terrassa, y el jueves 18 en el Hospital de San Lázaro, para que los aplausos de más de 60 días, se conviertan en gritos de lucha solidaria en la de defensa de sus derechos, que también son nuestros derechos.

- En el transcurso de la concentración, les invitaremos a participar en la jornada de lucha unitaria que se celebrara en Terrassa el próximo día 27 de Junio a las 10,30 H

- Invitamos a todos y todas los ciudadanos de Terrassa a solidarizarse con la lucha de los y las sanitarias de nuestra ciudad, la unidad de acción nos hará fuertes, hoy por ellas, mañana por nosotros.

RECORDAR EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS DE SEGURID DE DISTANCIA Y MASCARILLAS

Les nostres Vides, el nostre Capital 

100% Serveis Públics i de qualitat 

#TerrassaPerUnesVidesDignes 

concentración 15 junio

CONCENTRACIÓN POR LAS PENSIONES 

Y POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Un lunes mas ampliando nuestra lucha por unas pensiones dignas, y dando prioridad a los
temas de mas actualidad como son la Sanidad y las residencias. Hoy las intervenciones han estado basadas en las pensiones presente y futuro donde se ha explicado la posición de los poderes económicos, intentan colarnos la idea de que las pensiones no son sostenibles porque los pensionistas se jubilan muy pronto, y las pensiones de hoy superan a los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras.

No tienen en cuenta que las pensiones de hoy son fruto del trabajo y la aportación a los fondos de la SS de décadas de esfuerzo y sufrimiento de jornadas agotadoras y salarios de miseria a lo largo de toda una vida. Pero lo poderes económicos el BCE, FMI, el IBEX
35 y la banca española, tienen en su punto de mira la privatización del sistema publico de
pensiones, que en la zona Euro representa unos 400,000 millones de Euros.

Se a tratado el tema de la reunión con las entidades celebrada el día 11 en los locales de
CC.OO, donde se les planteo la necesidad de convocar una manifestación por la defensa de todo lo publico, Sanidad; Residencias, Pensiones, Vivienda, Enseñanza, Igualdad de
Genero, ect, en la que se aprobó por unanimidad realizar la manifestación para el dia 27 de
Junio a las 10,30 H. También se comunico a las y los asistentes, la adhesión del colectivo
Plá de Chop de Terrasssa a la jornada de lucha. Se comento el asesinato de tres personas
en Jaén por violencia de genero, y se invito a los presentes a empezar a difundir la
manifestación del 27.

Se cerro el acto invitando a los y las asistentes a tomar conciencia de la necesidad de caminar unidos en defensa de nuestros intereses, haciendo hincapié en que lo que se libra es una lucha de clases contra los poderes económicos nacionales e internacionales, y solo desde la unidad de acción seremos capaces de ganar esa batalla.

Y ante las denuncias que sufren los “insolidarios” pensionistas tenemos que recordar una 

cifra 13.500 millones

Hacienda hace caja con los pensionistas: ingresa 13.500 millones/año por el IRPF de las pensiones

La pensión que cada mes percibe un pensionista está sujeta a retenciones y, por supuesto, si está obligado a presentar declaración de la Renta, y el resultado de la misma es positivo ("a ingresar"), tienen que pagar al Fisco como el resto de los contribuyentes. Esto, que puede parecer algo obvio, es preciso señalarlo porque existen voces que critican, por ejemplo, que los pensionistas cobran demasiado para lo que cotizan.

Entre los impuestos a los que están sujeros los pensionistas figuran el IRPF y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como al Impuesto sobre el Patrimonio (si les corresponde) y los tributos especiales, municipales, etc. Pero no es posible averiguar cuántos millones de euros abonan en impuestos, puesto que no existe información de las cuotas de IVA que soportan las compras de los pensionistas, ni datos desglosados de la edad de los declarantes de Patrimonio.

Casi 11.000 millones 'solo' en retenciones

Lo que sí existen son estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria (AEAT @Haciendagob) de cuántos millones de euros suponen las retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que el Ministerio de Hacienda practica sobre las nóminas de jubilados y demás pensionistas.

En concreto, y con datos del ejercicio 2018 (los últimos disponibles), la AEAT cifra las retenciones sobre las pensiones pagadas a los pensionistas de las comunidades autónomas de régimen común en 10.816 millones de euros, según los cálculos elaborados para 65Ymás por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

-Las percepciones no exentas del IRPF correspondientes a las pensiones y haberes pasivos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

-Las demás prestaciones, ya sean públicas o privadas, dinerarias o en especie, de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y entidades similares, de planes de pensiones, de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, de los planes de previsión social empresarial, de los planes de previsión asegurados, y de los seguros de dependencia.

-Las pensiones de viudedad.

-Las prestaciones por incapacidad permanente o gran invalidez que estén exentas y las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de clases pasivas.

En total, los pensionistas pagan 13.500 millones al Fisco

Sin embargo, lo que que los pensionistas pagan a Hacienda cada año vía IRPF es una cifra superior, tal como especifican los técnicos de Gestha. "No existe una información estadística del resto de ingresos y de las circunstancias personales y familiares de los pensionistas”, señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, pese a lo cual, "se puede razonablemente estimar el impacto en la cuota íntegra del IRPF de los pensionistas en alrededor de 13.467 millones de euros", tomando como referencia los datos de la Administración Tributaria de 2018.

Eso significa un ligero aumento de 71 millones de euros respecto a los 13.396 millones que los pensionistas desembolsaron por IRPF en 2017.

Tal y como especifican los expertos, estos casi 13.500 millones resultan de considerar únicamente el efecto en el IRPF de la pensión media, al margen de cualquier otro ingreso que pudieran disponer, y de si han presentado la declaración o no, por lo que "esta restricción habrá infraestimado el impacto tributario". Es decir, en la práctica, es muy probable que los pensionistas contribuyan a Hacienda con una cifra superior a esos 13.500 millones de euros anuales.

A la hora de realizar estos cálculos, los técnicos de Gestha han aplicado el mínimo personal de forma proporcional a la pirámide de edad de los pensionistas y “el cálculo de la cuota íntegra se ha realizado sin tener en cuenta las especificidades de las escalas de gravamen autonómicas, aunque esta restricción no afectará sensiblemente a la estimación al existir escalas más altas y otras más bajas”, explica José María Mollinedo.

Estas estadísticas de los Técnicos de Hacienda arrojan un dato cuanto menos curioso, ya que se comprueba que con ese dinero que Hacienda ingresa por las nóminas de los pensionistas se podría casi cubrir el déficit de la Seguridad Social, que se acerca a los 18.000 millones de euros a finales de 2019. Es decir: los propios impuestos directos que generan y pagan los pensionistas por sus pensiones podrían servir para tapar la inmensa mayoría del desequilibrio actual de la Seguridad Social.

El tipo mínimo efectivo es del 0,2% y el máximo, 38,1%

La AEAT contabiliza un total de 9.459.086 pensionistas en 2018, residentes en las autonomías de régimen común, de los cuales 4.760.416 son varones y 4.698.670 mujeres.

El tipo efectivo (porcentaje real que una persona física o jurídica paga a Hacienda) que se aplica sobre las pensiones varía enormemente en función de su cuantía. En 2018 el tipo efectivo (ver tabla superior) osciló entre el mínimo del 0,2% para los contribuyentes con rentas entre 12.740,7 y 16.987,6 euros anuales, y el máximo del 38,1% para aquellos con retribuciones superiores a 84.938 euros al año.

¿Qué volumen de recaudación logró Hacienda en estas franjas de renta? En la primera franja de ingresos, el fisco consiguió ingresar una cantidad casi testimonial de 40,65 millones de euros, mientras que en la franja más alta (38,1% de tipo efectivo), el fisco metió en sus arcas 1.227,21 millones de euros, tal y como reflejan los datos proporcionados por los Técnicos de Hacienda.


En todo caso, de donde Hacienda saca mayor tajada es de las nóminas de los pensionistas que declaran ingresos entre 29.728,3 y 38.222,1 euros anuales, ya que de ellos recauda 5.857 millones de euros, es decir, el 43,5% de toda la contribución de los pensionistas por IRPF en un año.

QUE NO NOS ENGAÑEN

De nuevo desde los cenáculos del poder económico, de esos que mandan sin pasar por las elecciones, se oye el mismo discurso antiguo. De nuevo la OCDE o el FMI o el Banco de España (siempre decidido a torpedear cualquier cosa que parezca un nuevo avance social por insuficiente que pueda parecer) han iniciado su particular campaña. De nuevo vuelven con el apoyo de los grandes Bancos (el BBVa, la Caixa, El Santander…) a proclamar la quiebra de las pensiones y el final de los tiempos. Quieren inocularnos el virus del miedo.

Ahora nos atacan, y lo harán más intensamente en los meses venideros, con el argumento de la “insolidaridad” de los pensionistas que “cobran demasiado”. Como antes de la Pandemia, la derecha económica intentará enfrentar a jóvenes con mayores, a activos o parados con jubilados, a hombres con mujeres. Nos enseñaran cálculos y proyecciones cada vez más catastrofista, aunque sea enmendándose a sí mismos. ¿Cuántas veces ha cambiado de pronósticos la OCDE, el FMI o el Banco de España en estos último meses y años? hemos perdido la cuenta.

Ahora dicen que somos insolidarios; ¿Insolidarios los pensionistas? Al contrario, estamos dando un enorme ejemplo. Nuestro movimiento es un referente social porque gracias a nosotros se sostiene gran parte del entramado social: ayudamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros nietos y, a pesar de nuestra magra pensión, hemos dado de comer a

nuestras familias desde la crisis del 2008 hasta ahora. Pero los poderosos nos acusan de

egoístas. Nos quieren convencer de que las pensiones son imposibles de sostener.

Pretenden asustar a los trabajadores actuales para que inviertan una parte de sus sueldos

en pensiones privadas de empresa con la excusa de que las públicas o son bajas o

quebrarán.

Nada más lejos de la realidad. En realidad, la situación de las pensiones privadas de

empresa es catastrófica, pierden de media un -7,2%. Es decir, quien invierta en esos

planes de pensiones recibirá menos dinero, si es que recibe algo, de lo aportado. Estos

planes afectan a unos 2.000.000 de trabajadores muy ligados al funcionariado, la banca,

las tecnológicas y el sector energético. La empresa líder en el tipo de Planes Privados de

Empresa es CaixaBank que, a 31 de marzo, administraba un total de 8984 millones

invertidos en 249 planes diferentes. Su cartera perdió el año pasado un -6%.

Nuestro colectivo es enormemente solidario con la sociedad, somos parte imprescindible

de ella. Las pensiones contributivas tienen un monto mensual de unos 9.877 millones.

Sabemos por los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) que, de nuestras pensiones,

devolvemos a Hacienda, vía IRPF, un total de 13500 millones anuales. Con eso, por

ejemplo, podríamos pagar la mayor parte del déficit de la Seguridad Social del año 2019.

También, como ciudadanos que somos, pagamos IVA, impuestos especiales,

autonómicos, locales, patrimonio…. ¿Éso es ser insolidario? Desgraciadamente Hacienda

no tiene segmentados cuanto aportamos los pensionistas al erario público en forma de

impuestos.

Los que se están pronunciando sobre el tema aportan las mismas soluciones que siempre,

es decir ninguna. El Gobernador del banco de España (un ultra-neoliberal) propone

incrementar los impuestos sobre el consumo (IVA). La AIREF (un organismo impuesto por

la UE para vigilar la ortodoxia monetaria) (curiosamente su ex presidente es el actual

ministro de la SS) propone alcanzar el equilibrio presupuestario en 2030, aplicando

austeridad y consecuentemente recortes en la Administración pública. La misma y eterna

canción de siempre. Ni el tiempo, ni el coronavirus han servido para que estos “gestores”

sean capaces de valorar alguna cosa más que sus propios intereses y la de aquellos a los

que representan. Todos ellos presuponen un fuerte desempleo en España debido a su

débil estructura productiva. Ahora vemos en toda su magnitud la desindustrialización

impuesta por la UE, aplicada por Felipe González y continuada por el resto de presidentes.

La Pandemia está sirviendo a algunos para practicar el catastrofismo y algunas de las

decisiones tomadas durante el periodo de confinamiento pueden profundizar esa

sensación. El dinero que provenía del Estado y que servía para pagar la Seguridad Social

se financia con préstamos y no con aportaciones. Los préstamos se devuelven por lo que

se crea un gran déficit en la Seguridad Social y una falsa deuda que crece año tras año.

En realidad, y según el principio de separación de fuentes de financiación, esos gastos

(pensiones de viudedad, orfandad, pensiones no contributivas…) deberían ser sufragados

por el propio Estado, como hemos ido reivindicado. En este momento, los pagos que

deberían hacer los empresarios en concepto de cotizaciones sociales (algo más de 6000

millones y que no ingresan gracias a la presión empresarial sobre el gobierno) son

asumidos por la SS. La patronal ha contado con el acuerdo de los sindicatos mayoritarios

que establecieron en el Acuerdo Social en defensa del Empleo en su artículo 4.6: «Las

exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la

Seguridad Social en el caso de la aportación empresarial por contingencias comunes». De

esta forma, los empresarios quedan, (incluso las grandes multinacionales, que han llegado

a pedir ERTES para sus trabajadores) exentos de pagar gran parte de las cotizaciones

que les corresponden y se carga ese déficit sobre las cuentas de la Seguridad Social. De

esta forma el Estado al dotar a la SS en forma de préstamo, aumenta el déficit de las

cuentas y eso permite que los grandes fondos privados hablen una y otra vez, de déficit,

pensiones privadas y quiebra del sistema público. Es, sin duda alguna, un paso más en el

tortuoso camino hacia el engaño.

PENSIONES PÚBLICAS I DIGNAS, UN DERECHO 

Que no ens enganyin

De nou des dels cenacles del poder econòmic, d'aquests que manen sense passar per les

eleccions, se sent el mateix discurs antic. De nou l'OCDE o l'FMI o el Banc d'Espanya

(sempre decidit a torpedinar qualsevol cosa que sembli un nou avenç social per insuficient

que pugui semblar) han iniciat la seva particular campanya. De nou tornen amb el suport

dels grans Bancs (el BBVa, la Caixa, El Santander…) a proclamar la fallida de les pensions

i el final dels temps. Volen inocular-nos el virus de la por.

Ara ens ataquen, i ho faran més intensament en els propers mesos, amb l'argument de la

“insolidaritat” dels pensionistes que “cobren massa”. Com abans de la Pandèmia, la dreta

econòmica intentarà enfrontar als joves amb els grans, a actius o aturats amb jubilats, a

homes amb dones. Ens ensenyaran càlculs i projeccions cada vegada més catastrofistes,

encara que sigui esmenant-se a si mateixos. Quantes vegades ha canviat de pronòstics

l'OCDE, l'FMI o el Banc d'Espanya en aquests últims mesos i anys? hem perdut el compte.

Ara diuen que som insolidaris; Insolidaris els pensionistes? Al contrari, estem donant un

exemple enorme. El nostre moviment és un referent social perquè gràcies a nosaltres se

sosté gran part de l'entramat social: ajudem als nostres fills, cuidem als nostres néts i,

malgrat la nostra magra pensió, hem donat menjar a les nostres famílies des de la crisi del

2008 fins ara. Però els poderosos ens acusen d'egoistes. Ens volen convèncer que les

pensions són impossibles de sostenir. Pretenen espantar als treballadors actuals perquè

inverteixin una part dels seus sous en pensions privades d'empresa amb l'excusa que les

públiques o són baixes o faran fallida.

Res més lluny de la realitat. En realitat, la situació de les pensions privades d'empresa és

catastròfica, perden de mitjana un -7,2%. És a dir, qui inverteixi en aquests plans de

pensions rebrà menys diners, si és que en rep alguna cosa, dels que ha aportat. Aquests

plans afecten uns 2.000.000 de treballadors molt lligats al funcionariat,a la banca,a les

tecnològiques i al sector energètic. L'empresa líder en Plans Privats d'Empresa és

CaixaBank que, a 31 de març, administrava un total de 8.984 milions invertits en 249 plans

diferents. La seva cartera va perdre l'any passat un -6%.

El nostre col·lectiu és enormement solidari amb la societat, en som part imprescindible. Les

pensions contributives tenen una suma mensual d'uns 9.877 milions. Sabem per les dades

de l'Agència Tributària (AEAT) que, de les nostres pensions, retornem a Hisenda, via

IRPF, un total de 13.500 milions anuals. Amb això, per exemple, podríem pagar la major

part del dèficit de la Seguretat Social de l'any 2019. També, com a ciutadans que som,

paguem IVA, impostos especials, autonòmics, locals, patrimoni…. Això és ser insolidari?

Desgraciadament Hisenda no té segmentat quant aportem els pensionistes a l'erari públic

en forma d'impostos.

Els que s'estan pronunciant sobre el tema aporten les mateixes solucions de sempre, és a

dir, cap. El Governador del banc d'Espanya (un ultra-neoliberal) proposa incrementar els

impostos sobre el consum (IVA). La AIREF (un organisme imposat per la UE per a vigilar

l'ortodòxia monetària) (curiosament el seu ex president és l'actual ministre de la SS)

proposa aconseguir l'equilibri pressupostari en el 2030, aplicant austeritat i

conseqüentment retallades en l'Administració pública. La mateixa i eterna cançó de

sempre. Ni el temps, ni el coronavirus han servit perquè aquests “gestors” siguin capaços

de valorar alguna cosa més que els seus propis interessos i els d'aquells als quals

representen. Tots ells pressuposen una forta desocupació a Espanya a causa de la seva

feble estructura productiva. Ara veiem en tota la seva magnitud la desindustrialització

imposada per la UE, aplicada per Felipe González i continuada per la resta de presidents.

La Pandèmia està servint a alguns per a practicar el catastrofisme i algunes de les

decisions preses durant el període de confinament poden aprofundir aquesta sensació. Els

diner que provenia de l'Estat i que servia per pagar la Seguretat Social es finança amb

préstecs i no amb aportacions. Els préstecs es retornen, pel que es crea un gran dèficit en la Seguretat Social i un fals deute que creix any rere any. 

En realitat, i segons el principi de separació de fonts de finançament, aquestes despeses (pensions de viduïtat, orfandat, pensions no contributives…) haurien de ser sufragats pel propi Estat, com hem anat reivindicat. En aquest moment, els pagaments que haurien de fer els empresaris en concepte de cotitzacions socials (una mica més de 6000 milions i que no ingressen gràcies a la pressió empresarial sobre el govern) són assumits per la SS. La patronal ha comptat amb l'acord dels sindicats majoritaris que van establir en l'Acord Social en defensa de l'Ocupació en el seu article 4.6: «Les exoneracions regulades en aquest article seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes». D'aquesta manera, els empresaris queden, (fins i tot les grans multinacionals, que han arribat a demanar ERTES per als seus treballadors) exempts de pagar gran part de les cotitzacions que els corresponen i es carrega aquest dèficit sobre els comptes de la Seguretat Social. D'aquesta manera l'Estat en finançar a la SS en forma de préstec, augmenta el dèficit dels comptes i això permet que els grans fons privats parlin una vegada i una altra, de dèficit, pensions privades i fallida del sistema públic. És, sens dubte, un pas més en el tortuós camí cap a l'engany.

PENSIONS PÚBLIQUES I DIGNES, UN DRET

PER UNA VIDA DIGNA I AMB DRETS A LES RESIDÈNCIES

Propostes de resolucio fets al parlament

Que no es cobreixin les places vacants

habitacions individuals per fer aillaments.

Modificacio de la cartera de serveis de 2010.

un gericultor per cada quatre residents.

servei medic e infermeria 24 hores

dotar a les residencies d´equipaments medic

suspresio definitiva e inmediata del EAR a carrer de MUTUAN

Revetir la privatizacio de les gestio de les residencies

La Coordinadora de Residències 5+1 ha demanat el dia 8 de juny de 2020 als partits polítics amb representació al Parlament la presentació d’una Proposta de Resolució sobre residències de gent gran, per tal que sigui substanciada en un Ple de la Cambra abans que acabi el període de sessions.
La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest la situació límit en què es trobaven les residències, abandonades completament per les administracions públiques i amb manca de recursos per atendre dignament la gent gran. Les gestores de les residències han fet prevaldre el benefici econòmic per sobre del benestar dels ancians, fet aconseguit tot reduint serveis i personal.
La Coordinadora de Residències 5+1 després d'analitzar la situació de les residències abans i durant la pandèmia de COVID-19, considera que és imprescindible efectuar canvis substancials, que permetin garantir a la gent gran la qualitat de vida i els drets que com a ciutadans els corresponen. Les mesures més significatives son les següents:
1. Respecte de la cobertura de les places que han quedat vacants. És imprescindible que NO es cobreixin les places vacants fins aconseguir que en tots els centres les habitacions siguin individuals, a fi i efecte de poder efectuar un adequat aïllament en la pròxima pandèmia, de manera que es pugui minimitzar el risc de contagis entre els residents; a més de procurar el respecte a la intimitat i millora de les seves condicions de vida, oferint-los un espai vital propi.
2. Modificació de la Cartera de Serveis de 2010. Cal modificar la ràtio de gericultors, perquè s'estableixi una ràtio mínima d'un gericultor per a cada quatre persones, petició que haurà de quedar clarament recollida sense necessitat d'efectuar cap càlcul. Disposar de servei mèdic i d’infermeria 24 hores al dia.
La desatenció i l'abandó patit pels residents ha estat fruit, entre d’altres motius, de la falta d'adequació de les plantilles i dels professionals dels centres a la realitat de les persones a les quals s'havia d'atendre.
3. Equipament mèdic Dotar a les residències d'un equipament mínim indispensable: electrocardiograma, disposició d'oxigen, possibilitat de fer tractaments endovenosos (sèrum, antibiòtics...) i per això és necessari el personal sanitari que demanem. El que no podrà suposar és cap discriminació en la derivació als hospitals quan sigui necessària.
4. Supressió definitiva i immediata dels EAR, a càrrec de MUTUAM i altres empreses, en totes les residències públiques, i elaboració d’un pla per a suprimir-los en totes les residències privades abans del 31 de desembre de 2020. El traspàs a l'Atenció Primària dels fons fins ara destinats als EAR, i millora substancial del seu finançament. Ampliació de la dotació de personal, metges de geriatria i personal d’infermeria.
5. Revertir la privatització de la gestió de les residències. Serveis públics de gestió pública, perquè és la única manera d'evitar l'especulació amb els drets d'ancians i dependents. Donada l'escassetat de places, és imprescindible un Pla per a la construcció urgent de residències públiques, per garantir l'accés a totes les persones que en necessiten.

Barcelona, juny de 2020

La Covid-19 a les residències de gent gran

De qui són responsabilitat 

les morts per la Covid-19 

a les residències de gent gran?

La situació viscuda a les residències de gent gran, tant públiques com privades, ens obliga a reflexionar sobre la responsabilitat de les administracions competents i les empreses encarregades de gestionar els serveis per l’afectació de la Covid-19 entre les persones residents i els professionals que els atenen.

A Catalunya, segons dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat, més de 3000 residents de centres geriàtrics i residències de gent gran han mort com a conseqüència de la Covid-19 des de l’inici de l’actual crisi sanitària. Prop de 12.000 residents, més d’un 18% del total d’usuaris d’aquests equipaments, han estat diagnosticats positivament mitjançant proves de laboratori i gairebé 30.000 casos més es consideren sospitosos tot i no tenir confirmació diagnòstica, principalment com a conseqüència de la manca de tests efectius per detectar la patologia. Si sumem els casos diagnosticats i els probables, l’afectació de la Covid-19 als centres geriàtrics i residències de gent gran a Catalunya afecta més del 63% del total de la població resident. Xifra esfereïdora a la qual cal sumar els més de 5000 professionals ocupats per aquests centres que han mostrat símptomes de la malaltia o han estat obligats a sotmetre’s a aïllament.

La contundència d’aquestes dades obliga a fer una reflexió sobre la situació que s’està vivint en aquests centres i les responsabilitats, a diferents nivells, que cal atribuir-ne, atenent especialment a la composició d’un sector on trobem centres de titularitat pública, residències d’iniciativa purament privada i instal·lacions que, malgrat ser públiques, estan gestionades per empreses privades, tant d’iniciativa social com mercantil.

Manca d’inversió i recursos insuficients





Tot i la impossibilitat d’emetre judicis que abastin en la seva totalitat la realitat diversa del sector, el cert és que a les darreres setmanes s’han evidenciat tràgicament les conseqüències de la mercantilització de l’activitat de la cura de la gent gran. Així, aquest dies s’ha provat que la realitat de molts dels centres geriàtrics i residències està conformada per la manca de personal, agreujada en aquest cas per la no substitució del personal de baixa, i l’incompliment de les ràtios exigides de cuidadors per residents. Un dèficit estructural que, en el cas dels centres privats i concertats està motivat per la voluntat de les empreses gestores (en molts casos grans grups multiservei) d’optimitzar el benefici econòmic i, pel que fa als centres públics, en la insuficient dotació pressupostària i la manca d’inversió per part de les administracions. El catàleg d’irregularitats, però, no s’esgota en la manca de personal o en la insuficient qualificació de bona part de les plantilles. A les darreres setmanes també hem vist com en molts centres s’incomplien les normes especials d’higiene destinades a prevenir la propagació de la Covid-19 (tant les referents a la higienització de l’espai com a l’obligació de dotar els treballadors/es de protecció adequada i suficient) i no es desenvolupaven polítiques efectives d’aïllament dels residents susceptibles d’estar afectats ni s’aplicaven els protocols
per derivar aquestes persones a centres hospitalaris on poder ser ateses amb unes garanties que les residències no poden oferir.

El resultat d’aquest cúmul de despropòsits i irregularitats no només són les xifres esmentades a l’inici d’aquest article. El resultat també és que milers de persones han mort en la més completa solitud o, en relació als professionals, han hagut de treballar en condicions d’enorme risc, posant en perill la seva pròpia salut i la dels seus familiars. Sense esmentar el fet que, davant la incapacitat del sector per gestionar la situació de crisis sanitària, s’ha optat per polítiques temeràries com ara permetre que molts residents hagin estat reubicats a la llar de les seves famílies sense cap tipus de garantia de que la seva presència a aquestes cases no representés un evident perill, ja fora per a la seva pròpia salut o la dels residents al domicili d’acollida.

Responsabilitats concurrents: empreses i administracions





Des de la nostra cooperativa considerem que existeix una responsabilitat exigible judicialment en relació a les morts i malalties causades per la Covid-19 a les residències de gent gran en tots aquells casos en què la irrupció de la patologia i la seva propagació pugui estar relacionada amb la manca o la insuficiència dels recursos dedicats a la gestió dels centres o la negligència a l’hora d’aplicar les mesures més adients. Responsabilitat que, en el casos dels centres de titularitat privada o de gestió concertada, esdevé de caràcter contractual respecte les empreses i institucions responsables però que, en cap cas, eximeix de la seva pròpia responsabilitat a les administracions competents. Tot i la previsibilitat de les conseqüències de l’expansió de la Covid-19 entre la població vulnerable constituïda pels residents de centres geriàtrics, la publicació d’instruccions directes sobre com procedir en aquest context pandèmic en referència a aquestes instal·lacions es van demorar fins a la publicació al BOE el 21 de març de la instrucció SND 265/2020, quan ja estava en vigor la declaració oficial de l’estat d’alarma sanitària. Posteriorment, uns dies després, el 24 de març, el BOE publicava una nova instrucció, la SND 275/2020 que, per primera vegada,

«faculta l'autoritat competent de la comunitat autònoma, en funció de la situació epidèmica i assistencial de cada centre residencial o territori concret i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, a intervenir els centres residencials».

Aquestes dues normatives específiques, que incorporen nombroses indicacions i instruccions respecte com actuar en matèria de cura de la salut, prevenció i higiene, no tan sols arriben dramàticament tard sinó que tampoc han desplegat els efectes desitjats per la inacció de les administracions competents, especialment pel que fa a la directriu d’intervenir els centres que no estaven en disposició de complir amb les normes d’aïllament de pacients o proveir els malalts de tractaments mèdics adequats.

La inactivitat administrativa genera una responsabilitat patrimonial sobre les conseqüències de la inacció, que també deriva de l’incompliment de la tasca supervisora que l’administració ha de desenvolupar sobre l’actuació de les empreses privades que tenen atorgada la gestió dels centres, doncs és responsabilitat de l’Administració garantir la suficiència del nivell d’atenció i cura que reben els seus ciutadans. Corregir una situació que no pot ser permesa

Moltes empreses i les administracions han de respondre pels dies d’absoluta foscor que s’estan vivint a les residències de gent gran, on les xifres de mortaldat no es poden pretendre justificar a l’empara de la vulnerabilitat de la població resident o l’alta probabilitat de comorbiditats que puguin agreujar els efectes de la Covid-19. L’abandonament de la gent gran i el perill al qual s’ha exposat als treballadors i treballadores d’aquests centres responen a la lògica perversa de la mercantilització de serveis essencials. Però el debat no es pot circumscriure en absolut a la controvèrsia sobre si aquest és un model acceptable. En aquest cas, l’actuació d’empreses i administracions representa un incompliment de les responsabilitat adquirides, tant contractuals com extracontractuals, que poden i han de ser objecte de revisió judicial per evitar la indefensió de la gent gran usuària d’aquests centres i les seves famílies.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE 

LO PÚBLICO SE DEFIENDE