El primer sistema moderno de Seguridad Social
fue creado por Otto von Bismarck en 1881
(último cuarto del siglo XIX), en la Alemania del Kaiser Guillermo.
En el mismo está inspirado nuestro actual sistema de pensiones públicas de reparto, que se configuró en 1978 y que ha sufrido desde entonces diferentes reformas. En 1995, en vista de la inestabilidad a la que se enfrentaba el sistema de pensiones ( al menos eso es lo que decían gobierno y actores sociales), los partidos del arco parlamentario español sellaron un acuerdo que supuso la constitución del Pacto de Toledo. Ese mismo año, la comisión del Pacto publicó un documento donde se analizaba la evolución y el estado de las pensiones y se establecía un conjunto de recomendaciones diseñadas para garantizar su futura sostenibilidad. Además de sentar las bases para futuras legislaciones y reformas en el ámbito de las pensiones, estas 15 recomendaciones iniciales dieron lugar a una serie de cambios relevantes en el sistema. Desde entonces y hasta ahora las sucesivas reformas, no siempre han sido positivas, sino mas bien todo lo contrario. Del mismo modo los actores sociales intervinientes en las reformas sociales, no siempre han trabajado para la mejora de las mismas viendo el resultado de las últimas reformas. A veces, el ámbito del dialogo social da la sensación de que es un espacio creado para dar cobertura a toda la política de recortes que se vienen aplicando en las últimas décadas en el ámbito de las pensiones ( y no solo en pensiones, también en materia de derechos laborales y de sanidad). Cabe recordar la reforma de 2013, firmada por los mismos agentes, patronal, Sindicatos mayoritarios y con Zapatero de Presidente del Gobierno, que conllevó al retraso de la edad de jubilación a los 67 años, un fuerte recorte de la cuantía de las nuevas pensiones y un empeoramiento de la jubilación anticipada y la jubilación parcial. El sistema de pensiones está sometido a un proceso permanente de reformas, que más allá de los cambios concretos, tiene dos objetivos principales, retrasar la edad de jubilación real y reducir la cuantía de nuestras pensiones y todo ello con la excusa tan cacareada de hacer más sostenible el sistema público de pensiones.
En la última mesa de negociación finalizada en julio pasado, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para retocar las fórmulas de jubilación parcial y activa que permiten compatibilizar el cobro de la pensión con el salario y que también tendrán acceso a las bonificaciones por retiro demorado, el pasado 18 de septiembre el presidente Pedro Sánchez firma con los interlocutores sociales el acuerdo que completa la reforma de las pensiones, que a todas luces es un paso más en la dirección del deterioro del sistema público de pensiones. Resulta llamativo que cuando a finales de agosto una organización como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en cuyo patronato está la gran banca y otras empresas, como las de seguros, presentó un informe que concluía que “retrasar un año la jubilación aumenta significativamente el riesgo de morir antes”, y en este contexto a mediados de septiembre, como señalamos antes, representantes de organizaciones sindicales y miembros del gobierno “progresista” firman un acuerdo en el que se pretende incentivar el retraso de la edad de jubilación y que la gente compatibilice pensión y empleo. Vamos, que quieren que nos muramos antes, en beneficio de la reducción del gasto de la Seguridad Social.
En la última mesa de negociación finalizada en julio pasado, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para retocar las fórmulas de jubilación parcial y activa que permiten compatibilizar el cobro de la pensión con el salario y que también tendrán acceso a las bonificaciones por retiro demorado, el pasado 18 de septiembre el presidente Pedro Sánchez firma con los interlocutores sociales el acuerdo que completa la reforma de las pensiones, que a todas luces es un paso más en la dirección del deterioro del sistema público de pensiones. Resulta llamativo que cuando a finales de agosto una organización como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en cuyo patronato está la gran banca y otras empresas, como las de seguros, presentó un informe que concluía que “retrasar un año la jubilación aumenta significativamente el riesgo de morir antes”, y en este contexto a mediados de septiembre, como señalamos antes, representantes de organizaciones sindicales y miembros del gobierno “progresista” firman un acuerdo en el que se pretende incentivar el retraso de la edad de jubilación y que la gente compatibilice pensión y empleo. Vamos, que quieren que nos muramos antes, en beneficio de la reducción del gasto de la Seguridad Social.
Retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de morir entre las edades de 60 y 69 años y además, no es rentable en términos económicos para el conjunto de la sociedad, a esta conclusión llega un informe difundido el miércoles 28 de Agosto por la anteriormente mencionada fundación (Fedea), que sostiene que los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la consiguiente reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan "la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida", lo que sugiere que esta clase de reformas "no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”.
En otro trabajo, elaborado por los investigadores Cristina Bellés, Sergi Jiménez y Han Ye, llega también a estas conclusiones a partir del cruce de datos de una selección de perfiles obtenidos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) del Ministerio de Seguridad Social, con los resultados de mortalidad asociados por edades. De esta forma, el texto señala que “retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 4,4 puntos porcentuales (38%)”, y añade que “el aumento de la mortalidad se debe principalmente al efecto inmediato de la pérdida de acceso a los regímenes de jubilación anticipada”.
En un análisis más profundo, se indica que, dentro de este grupo edad, son quienes trabajaron en empleos peligrosos, penosos y de escaso valor propio antes de jubilarse, los que sufren más en términos de mortalidad, “aunque retrasan la jubilación en menor medida”. Entre otras razones, porque muchos de ellos les han quedado secuelas de salud a consecuencia de su trabajo y también porque muchos de estos oficios se enmarcan en regímenes que contemplan coeficientes reductores que permiten jubilarse con antelación sin que la cuantía de la pensión final se vea recortada. Es el caso de los trabajadores de la minería del carbón o del mar, aunque el Ministerio de Seguridad Social ha incorporado a más profesiones con acceso a estas ventajas.
Si a todo esto le añadimos los recortes en materia Sanitaria, que es importante incluirlo en el tema que hoy nos ocupa ya que indudablemente una sanidad pública y de calidad influye directamente en el mantenimiento de la esperanza de vida, el resultado es si cabe peor todavía, los últimos diez años representan una década perdida en términos de inversión sanitaria en España y una vulneración del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", sostiene Amnistía Internacional (AI) en un reciente estudio publicado que lleva por título 'La década pérdida: Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018', y en el que se analiza el impacto negativo de los recortes implementados en la Sanidad española durante la llamada crisis económica de 2008.
Según los datos recogidos en este informe, el Producto Interior Bruto (PIB) español ha crecido un 8,6% de 2009 a 2018, mientras el gasto sanitario público en Sanidad se ha reducido en un 11,21 % respecto a 2009.
Pese a que desde 2014 se ha ido incrementando la inversión, España no ha recuperado ni siquiera los niveles de 2009 en términos reales. La conclusión de todo esto es que aumentar los años de trabajo sin duda MATA, y si añadimos el deterioro de la sanidad pública mata doblemente. La sostenibilidad del sistema público de pensiones no debe de pasar necesariamente por el retraso de la edad de jubilación y además alargar más todavía los años trabajados, deben de tomarse otras medidas que creemos más efectivas y necesarias en materia de pensiones, que no carguen sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras el peso de las reformas.
En primer lugar es necesario hacer una auditoria de las cuentas de la S.S. para saber realmente donde estamos y que devuelvan los fondos del patrimonio saqueado como venimos reclamando hace tiempo desde COESPE y el MPD. Los salarios de los trabajadores en activo deben de actualizarse y dignificarse pues la precariedad salarial de los jóvenes complica el pago de las futuras pensiones, los nuevos jubilados cobran un 37% más que 1,4 millones de cotizantes menores de 25 años, deben de corregirse estas contradicciones, a más salario además de hacer más dignas las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, también aumentan las aportaciones a la Seguridad Social. También deben derogarse los mal llamados Planes de Pensiones de Empleo, ya que son un torpedo en la línea de flotación del sistema público de pensiones. En definitiva la solución para garantizar las pensiones públicas pasa por derogar la mayor parte de las reformas de los últimos años. La movilización es el único camino para conseguir nuestras reivindicaciones, por todo ello es necesario que el próximo 26 de Octubre estemos todos y todas en las calles de Madrid, como un paso más para conseguir, unas pensiones dignas.
En otro trabajo, elaborado por los investigadores Cristina Bellés, Sergi Jiménez y Han Ye, llega también a estas conclusiones a partir del cruce de datos de una selección de perfiles obtenidos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) del Ministerio de Seguridad Social, con los resultados de mortalidad asociados por edades. De esta forma, el texto señala que “retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 4,4 puntos porcentuales (38%)”, y añade que “el aumento de la mortalidad se debe principalmente al efecto inmediato de la pérdida de acceso a los regímenes de jubilación anticipada”.
En un análisis más profundo, se indica que, dentro de este grupo edad, son quienes trabajaron en empleos peligrosos, penosos y de escaso valor propio antes de jubilarse, los que sufren más en términos de mortalidad, “aunque retrasan la jubilación en menor medida”. Entre otras razones, porque muchos de ellos les han quedado secuelas de salud a consecuencia de su trabajo y también porque muchos de estos oficios se enmarcan en regímenes que contemplan coeficientes reductores que permiten jubilarse con antelación sin que la cuantía de la pensión final se vea recortada. Es el caso de los trabajadores de la minería del carbón o del mar, aunque el Ministerio de Seguridad Social ha incorporado a más profesiones con acceso a estas ventajas.
Si a todo esto le añadimos los recortes en materia Sanitaria, que es importante incluirlo en el tema que hoy nos ocupa ya que indudablemente una sanidad pública y de calidad influye directamente en el mantenimiento de la esperanza de vida, el resultado es si cabe peor todavía, los últimos diez años representan una década perdida en términos de inversión sanitaria en España y una vulneración del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", sostiene Amnistía Internacional (AI) en un reciente estudio publicado que lleva por título 'La década pérdida: Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018', y en el que se analiza el impacto negativo de los recortes implementados en la Sanidad española durante la llamada crisis económica de 2008.
Según los datos recogidos en este informe, el Producto Interior Bruto (PIB) español ha crecido un 8,6% de 2009 a 2018, mientras el gasto sanitario público en Sanidad se ha reducido en un 11,21 % respecto a 2009.
Pese a que desde 2014 se ha ido incrementando la inversión, España no ha recuperado ni siquiera los niveles de 2009 en términos reales. La conclusión de todo esto es que aumentar los años de trabajo sin duda MATA, y si añadimos el deterioro de la sanidad pública mata doblemente. La sostenibilidad del sistema público de pensiones no debe de pasar necesariamente por el retraso de la edad de jubilación y además alargar más todavía los años trabajados, deben de tomarse otras medidas que creemos más efectivas y necesarias en materia de pensiones, que no carguen sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras el peso de las reformas.
En primer lugar es necesario hacer una auditoria de las cuentas de la S.S. para saber realmente donde estamos y que devuelvan los fondos del patrimonio saqueado como venimos reclamando hace tiempo desde COESPE y el MPD. Los salarios de los trabajadores en activo deben de actualizarse y dignificarse pues la precariedad salarial de los jóvenes complica el pago de las futuras pensiones, los nuevos jubilados cobran un 37% más que 1,4 millones de cotizantes menores de 25 años, deben de corregirse estas contradicciones, a más salario además de hacer más dignas las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, también aumentan las aportaciones a la Seguridad Social. También deben derogarse los mal llamados Planes de Pensiones de Empleo, ya que son un torpedo en la línea de flotación del sistema público de pensiones. En definitiva la solución para garantizar las pensiones públicas pasa por derogar la mayor parte de las reformas de los últimos años. La movilización es el único camino para conseguir nuestras reivindicaciones, por todo ello es necesario que el próximo 26 de Octubre estemos todos y todas en las calles de Madrid, como un paso más para conseguir, unas pensiones dignas.
¡Aumentar los años de Trabajo MATA!.
¡Gobierne quien gobierne,
las pensiones y lo público se defienden ¡
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