La 'ley mordaza' cumple cinco años con una recaudación en multas superior a los 400 millones y una corta esperanza de vida
Durante el estado de alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han propuesto más de 1 millón de sanciones en base a esta norma
“Desde su entrada en vigor ha tenido un efecto desmovilizador. Se venía de una época en la que los movimientos sociales estaban en las calles. La ley les puso en el punto de mira”, sostiene Verónica Barroso, de Amnistía Internacional
La norma, cuya reforma se plantea el Gobierno de coalición como una “prioridad”, continúa cinco años después enredada en el Tribunal Constitucion
Si algo caracterizó la primera legislatura de Mariano Rajoy en la Moncloa fue la potente movilización social en las calles. Con un país metido de lleno en una asfixiante recesión económica, raro era el día en el que miles de ciudadanos no tomasen las principales avenidas para cargar contra la clase política. Si había que rodear el Congreso de los Diputados, se hacía. Y si era necesario empujar para intentar frenar los deseos neoliberales de privatización sanitaria, la Marea Blanca siempre estaba ahí. Una presión social a la que desde el Ejecutivo conservador se dio respuesta a través de la aprobación de la polémica ley mordaza bajo la premisa de cuanta más “seguridad” mayor “libertad”. Desde su entrada en vigor hace ahora un lustro, las sanciones contempladas en la norma han permitido recaudar más de 400 millones de euros. Sin embargo, la esperanza de vida del texto parece ahora muy reducida. La reforma de esta ley es uno de los objetivos a corto plazo del Gobierno progresista de coalición. Y también uno de los debates más candentes dentro del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no consiguen ponerse de acuerdo sobre la inconstitucionalidad de varios artículos.
Desde que echó a andar un primero de julio de hace cinco años, se han impuesto a través del articulado de la conocida oficialmente como Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 765.416 sanciones. Unas multas que no han parado de crecer ejercicio tras ejercicio. Si en 2015 fueron 87.872, en 2018 –últimos datos disponibles del Ministerio del Interior– ya alcanzaban las 249.665. Una tendencia positiva que también se ha visto reflejada en la recaudación. A lo largo de todo este periodo las arcas públicas han ingresado gracias a las sanciones administrativas contempladas en la norma 416,5 millones de euros, lo que equivale a una media de algo más de 325.000 euros diarios. El grueso de los ingresos lo sostienen las multas por “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” en lugares públicos: 311,5 millones de euros, lo que equivale al 74,8% del total. Le siguen a mucha distancia los castigos por portar, exhibir o usar armas prohibidas, que permitieron ingresar en las arcas públicas 37,8 millones de euros.
Estos artículos no son los que más preocupan a las organizaciones que llevan años cargando contra una ley mordaza que, apuntan, choca frontalmente contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Estos colectivos ponen el foco, por ejemplo, en los artículos 36.6, 36.23 o 37.4 al considerar que buscan desmovilizar y criminalizar las protestas. Por el primero de ellos, que castiga la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, así como la negativa a identificarse”, se han impuesto 42.851 sanciones –una media de 33 diarias– por un montante de 26,2 millones. Por el segundo, que se centra en la toma y difusión de imágenes de agentes, multas por un total de 77.863 euros, algunas de ellas a periodistas. Y por el último, que castiga las “faltas de respeto y consideración”, el Estado ha ingresado 9,6 millones. Una disposición utilizada por las fuerzas del orden para proponer sanciones en algunos casos contra ciudadanos por portar objetos o prendas con las letras ACAB, que en ocasiones se utilizan como acrónimo de “All Cops Are Bastards” (“Todos los policías son unos bastardos”, en inglés)
El balance total de estos cinco años, sin embargo, va a ser mucho más elevado. De momento, las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior son las correspondientes al año 2018. Las relativas a 2019 todavía no están listas. “Los datos se encuentran aún en proceso de análisis. Hay que tener en cuenta que existen plazos de alegaciones y que este año ha sido atípico. Todo se ha retrasado por las circunstancias”, explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en referencia a la crisis sanitaria. Una pandemia de coronavirus que, además, ha reorientado los usos de la ley mordaza. Si a lo largo del último lustro se entendía como una herramienta pensada para controlar la protesta social, durante el estado de alarma ha sido el instrumento utilizado a la hora de castigar a los ciudadanos que no respetaban las restricciones impuestas. De hecho, durante los dos meses y medio que se prolongó la situación excepcional, Interior contabilizó más de 1,1 millones de propuestas de sanción. A una media superior a las 11.000 diarias.
“Ha tenido un efecto desmovilizador”
Para colectivos como Amnistía Internacional, lo sucedido durante la crisis sanitaria ejemplifica a la perfección la “discrecionalidad de la actuación policial” imponiendo “sanciones que no son adecuadas ni legítimas”. “Hemos tenido ejemplos durante el estado de alarma de cómo el articulado permite una aplicación arbitraria y vulneradora o excesivamente restrictiva de derechos”, coincide Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain. De hecho, el uso que se hizo de la ley mordaza a la hora de proponer multas amparándose en la desobediencia a la autoridad ha sido bastante cuestionado a nivel jurídico. Tanto es así que la Abogacía General del Estado tuvo que emitir un informe a comienzos de abril en el que dejaba claro que el artículo 36.6 no tipifica una infracción administrativa derivada “de la mera contravención de una norma jurídica”. Es decir, que el simple hecho de salir a la calle en pleno confinamiento no podía ser castigado en base a esta disposición. Tenía que haber, además del incumplimiento, un aviso previo de los agentes desatendido por parte del ciudadano.
Pero desde los dos colectivos señalan que lo ocurrido durante la crisis sanitaria es sólo un capítulo más en la historia de una norma que “limita derechos como la libertad de expresión o de reunión pacífica”. “Desde su entrada en vigor ha tenido un efecto desmovilizador. Se venía de una época de crisis en la que los movimientos sociales estaban continuamente en las calles. La ley les puso en el punto de mira”, sostiene Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional. De hecho, desde el PSOE ya se ponía sobre la mesa esta misma cuestión antes de la aprobación de la norma. “Esto funciona muy engrasadamente: hay un recorte, hay una protesta, hay una neutralización de la protesta mediante las sanciones; hay nuevos recortes, hay una protesta más debilitada porque la gente tiene un temor lógico a que le pongan una multa disparatada”, apuntaba hace un lustro el diputado socialista Ignacio Sánchez. En 2014, según datos de Interior, se celebraron en España 36.679 manifestaciones, una cifra que se desplomó en los años posteriores por debajo de las 30.000. En 2018, volvió a repuntar hasta las 32.078.
Ambas organizaciones creen que ya es hora de que se actúe a nivel legislativo para modificar una norma “de tan mala calidad” que en su día fue aprobada exclusivamente con los votos a favor del PP y el rechazo del resto del hemiciclo. “Es necesario que se impulse una reforma cuanto antes”, señala Barroso. Ya se intentó, sin éxito, hace un par de legislaturas. Tanto el PSOE como el PNV registraron entonces por separado dos iniciativas en la Cámara Baja en este sentido. La primera, proponía derogarla y volver a la ley de 1992. La segunda, simplemente reformarla. El Pleno dio el visto bueno y pasaron a la Comisión de Interior. Fue ahí donde comenzaron a empantanarse. Los plazos para la presentación de enmiendas se fueron ampliando hasta febrero de 2018. Y cuando se desbloqueó el asunto, los servicios jurídicos de la Cámara avisaron de los riesgos de “incongruencias de procedimiento y de resultados” si ambos textos se tramitaban por separado. Por eso recomendaron alumbrar uno conjunto. No dio tiempo. Llegaron las elecciones y todo se vino abajo.
Ahora, tras dos citas electorales y la conformación definitiva de un Ejecutivo, la actividad en el Congreso parece haberse estabilizado de nuevo. Y sobre la mesa, la Cámara Baja vuelve a tener la iniciativa jeltzale. Una promesa que también se encuentra recogida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos. “Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana”, se recoge en el punto 5.6 del texto consensuado a finales del año pasado. Por el momento, el Ejecutivo no ha dado ningún paso. Sin embargo, la intención sigue siendo firme y se considera una “prioridad” legislativa. La esperanza de vida que tiene la mordaza tal y como se conoce parece, por lo tanto, bastante corta. Además, la aritmética parlamentaria es favorable.
Enredada en el Constitucional
Amnistía Internacional, no obstante, quiere evitar a toda costa que esta cuestión termine convirtiéndose en un asunto secundario. Por eso, está preparando una serie de iniciativas para mantenerla en el centro del debate político. En primer lugar, la próxima semana pretenden hacer entrega en el Congreso de los Diputados de las más de 100.000 firmas que han recogido exigiendo la eliminación de los artículos más lesivos. Y en segundo lugar, están organizando para la primera semana de julio un encuentro con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Interior de la Cámara Baja. Esperan que estén todos. Algunos partidos, como el PSOE, ya han confirmado su asistencia. “Entendemos que hay voluntad política. Y, además, no se parte desde cero, ya hay un trabajo previo que se hizo durante la tramitación hace un par de años de las iniciativas presentadas. Sobre algunos puntos concretos, como la derogación del 36.23, ya llegamos entonces a un acuerdo”, explica Barroso en conversación con este diario. “La esperanza no podemos perderla nunca”, completa Goicoechea.
Pero la que fuera una de las medidas estrella del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz también se encuentra bajo la lupa judicial, su otro gran frente. Tras su aprobación, media decena de partidos políticos llevaron la norma ante el Tribunal Constitucional. Pero el máximo órgano de garantías todavía no ha sido capaz de emitir una sentencia. Hubo un primer intento el año pasado. Sin embargo, la deliberación terminó paralizándose a la espera de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que aclarase si se ajustaban a derecho las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, una práctica recogida en la disposición adicional primera de la ley mordaza. La Gran Sala de Estrasburgo dio finalmente la vuelta a un fallo previo y avaló la expulsión inmediata y sin posibilidad de solicitar asilo de dos jóvenes en el verano de 2014. Esto llevó al ponente del Constitucional, el magistrado Fernando Valdés, a ajustar su propuesta. Cambió la nulidad por una limitación del alcance del precepto a los casos de saltos masivos y violentos.
Luego arreció la pandemia. Y con ella, una parálisis que se mantuvo hasta la pasada semana. El debate se volvió a abrirse en el Pleno, pero no hubo manera de alcanzar un acuerdo. El Constitucional se partió por la mitad. El bloque de tendencia progresista consideró insuficiente la ponencia de Valdés. El conservador, tampoco la vio con buenos ojos. Lo único que consiguió acordar fue la devolución del asunto a una comisión creada para estudiar las observaciones de los magistrados con el objetivo de propiciar “una fundamentada resolución final”. Se continuará, por tanto, analizando los diversos preceptos impugnados “dada la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social”. “Hace cinco años que llevan pensándose su valoración. Ya es hora de que tomen una decisión”, se queja Goicoechea. Mientras tanto, el intenso debate alrededor de la ley mordaza sigue abierto. Un lustro después.
Si algo caracterizó la primera legislatura de Mariano Rajoy en la Moncloa fue la potente movilización social en las calles. Con un país metido de lleno en una asfixiante recesión económica, raro era el día en el que miles de ciudadanos no tomasen las principales avenidas para cargar contra la clase política. Si había que rodear el Congreso de los Diputados, se hacía. Y si era necesario empujar para intentar frenar los deseos neoliberales de privatización sanitaria, la Marea Blanca siempre estaba ahí. Una presión social a la que desde el Ejecutivo conservador se dio respuesta a través de la aprobación de la polémica ley mordaza bajo la premisa de cuanta más “seguridad” mayor “libertad”. Desde su entrada en vigor hace ahora un lustro, las sanciones contempladas en la norma han permitido recaudar más de 400 millones de euros. Sin embargo, la esperanza de vida del texto parece ahora muy reducida. La reforma de esta ley es uno de los objetivos a corto plazo del Gobierno progresista de coalición. Y también uno de los debates más candentes dentro del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no consiguen ponerse de acuerdo sobre la inconstitucionalidad de varios artículos.
Desde que echó a andar un primero de julio de hace cinco años, se han impuesto a través del articulado de la conocida oficialmente como Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 765.416 sanciones. Unas multas que no han parado de crecer ejercicio tras ejercicio. Si en 2015 fueron 87.872, en 2018 –últimos datos disponibles del Ministerio del Interior– ya alcanzaban las 249.665. Una tendencia positiva que también se ha visto reflejada en la recaudación. A lo largo de todo este periodo las arcas públicas han ingresado gracias a las sanciones administrativas contempladas en la norma 416,5 millones de euros, lo que equivale a una media de algo más de 325.000 euros diarios. El grueso de los ingresos lo sostienen las multas por “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” en lugares públicos: 311,5 millones de euros, lo que equivale al 74,8% del total. Le siguen a mucha distancia los castigos por portar, exhibir o usar armas prohibidas, que permitieron ingresar en las arcas públicas 37,8 millones de euros.
Estos artículos no son los que más preocupan a las organizaciones que llevan años cargando contra una ley mordaza que, apuntan, choca frontalmente contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Estos colectivos ponen el foco, por ejemplo, en los artículos 36.6, 36.23 o 37.4 al considerar que buscan desmovilizar y criminalizar las protestas. Por el primero de ellos, que castiga la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, así como la negativa a identificarse”, se han impuesto 42.851 sanciones –una media de 33 diarias– por un montante de 26,2 millones. Por el segundo, que se centra en la toma y difusión de imágenes de agentes, multas por un total de 77.863 euros, algunas de ellas a periodistas. Y por el último, que castiga las “faltas de respeto y consideración”, el Estado ha ingresado 9,6 millones. Una disposición utilizada por las fuerzas del orden para proponer sanciones en algunos casos contra ciudadanos por portar objetos o prendas con las letras ACAB, que en ocasiones se utilizan como acrónimo de “All Cops Are Bastards” (“Todos los policías son unos bastardos”, en inglés)
El balance total de estos cinco años, sin embargo, va a ser mucho más elevado. De momento, las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior son las correspondientes al año 2018. Las relativas a 2019 todavía no están listas. “Los datos se encuentran aún en proceso de análisis. Hay que tener en cuenta que existen plazos de alegaciones y que este año ha sido atípico. Todo se ha retrasado por las circunstancias”, explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en referencia a la crisis sanitaria. Una pandemia de coronavirus que, además, ha reorientado los usos de la ley mordaza. Si a lo largo del último lustro se entendía como una herramienta pensada para controlar la protesta social, durante el estado de alarma ha sido el instrumento utilizado a la hora de castigar a los ciudadanos que no respetaban las restricciones impuestas. De hecho, durante los dos meses y medio que se prolongó la situación excepcional, Interior contabilizó más de 1,1 millones de propuestas de sanción. A una media superior a las 11.000 diarias.
“Ha tenido un efecto desmovilizador”
Para colectivos como Amnistía Internacional, lo sucedido durante la crisis sanitaria ejemplifica a la perfección la “discrecionalidad de la actuación policial” imponiendo “sanciones que no son adecuadas ni legítimas”. “Hemos tenido ejemplos durante el estado de alarma de cómo el articulado permite una aplicación arbitraria y vulneradora o excesivamente restrictiva de derechos”, coincide Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain. De hecho, el uso que se hizo de la ley mordaza a la hora de proponer multas amparándose en la desobediencia a la autoridad ha sido bastante cuestionado a nivel jurídico. Tanto es así que la Abogacía General del Estado tuvo que emitir un informe a comienzos de abril en el que dejaba claro que el artículo 36.6 no tipifica una infracción administrativa derivada “de la mera contravención de una norma jurídica”. Es decir, que el simple hecho de salir a la calle en pleno confinamiento no podía ser castigado en base a esta disposición. Tenía que haber, además del incumplimiento, un aviso previo de los agentes desatendido por parte del ciudadano.
Pero desde los dos colectivos señalan que lo ocurrido durante la crisis sanitaria es sólo un capítulo más en la historia de una norma que “limita derechos como la libertad de expresión o de reunión pacífica”. “Desde su entrada en vigor ha tenido un efecto desmovilizador. Se venía de una época de crisis en la que los movimientos sociales estaban continuamente en las calles. La ley les puso en el punto de mira”, sostiene Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional. De hecho, desde el PSOE ya se ponía sobre la mesa esta misma cuestión antes de la aprobación de la norma. “Esto funciona muy engrasadamente: hay un recorte, hay una protesta, hay una neutralización de la protesta mediante las sanciones; hay nuevos recortes, hay una protesta más debilitada porque la gente tiene un temor lógico a que le pongan una multa disparatada”, apuntaba hace un lustro el diputado socialista Ignacio Sánchez. En 2014, según datos de Interior, se celebraron en España 36.679 manifestaciones, una cifra que se desplomó en los años posteriores por debajo de las 30.000. En 2018, volvió a repuntar hasta las 32.078.
Ambas organizaciones creen que ya es hora de que se actúe a nivel legislativo para modificar una norma “de tan mala calidad” que en su día fue aprobada exclusivamente con los votos a favor del PP y el rechazo del resto del hemiciclo. “Es necesario que se impulse una reforma cuanto antes”, señala Barroso. Ya se intentó, sin éxito, hace un par de legislaturas. Tanto el PSOE como el PNV registraron entonces por separado dos iniciativas en la Cámara Baja en este sentido. La primera, proponía derogarla y volver a la ley de 1992. La segunda, simplemente reformarla. El Pleno dio el visto bueno y pasaron a la Comisión de Interior. Fue ahí donde comenzaron a empantanarse. Los plazos para la presentación de enmiendas se fueron ampliando hasta febrero de 2018. Y cuando se desbloqueó el asunto, los servicios jurídicos de la Cámara avisaron de los riesgos de “incongruencias de procedimiento y de resultados” si ambos textos se tramitaban por separado. Por eso recomendaron alumbrar uno conjunto. No dio tiempo. Llegaron las elecciones y todo se vino abajo.
Ahora, tras dos citas electorales y la conformación definitiva de un Ejecutivo, la actividad en el Congreso parece haberse estabilizado de nuevo. Y sobre la mesa, la Cámara Baja vuelve a tener la iniciativa jeltzale. Una promesa que también se encuentra recogida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos. “Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana”, se recoge en el punto 5.6 del texto consensuado a finales del año pasado. Por el momento, el Ejecutivo no ha dado ningún paso. Sin embargo, la intención sigue siendo firme y se considera una “prioridad” legislativa. La esperanza de vida que tiene la mordaza tal y como se conoce parece, por lo tanto, bastante corta. Además, la aritmética parlamentaria es favorable.
Enredada en el Constitucional
Amnistía Internacional, no obstante, quiere evitar a toda costa que esta cuestión termine convirtiéndose en un asunto secundario. Por eso, está preparando una serie de iniciativas para mantenerla en el centro del debate político. En primer lugar, la próxima semana pretenden hacer entrega en el Congreso de los Diputados de las más de 100.000 firmas que han recogido exigiendo la eliminación de los artículos más lesivos. Y en segundo lugar, están organizando para la primera semana de julio un encuentro con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Interior de la Cámara Baja. Esperan que estén todos. Algunos partidos, como el PSOE, ya han confirmado su asistencia. “Entendemos que hay voluntad política. Y, además, no se parte desde cero, ya hay un trabajo previo que se hizo durante la tramitación hace un par de años de las iniciativas presentadas. Sobre algunos puntos concretos, como la derogación del 36.23, ya llegamos entonces a un acuerdo”, explica Barroso en conversación con este diario. “La esperanza no podemos perderla nunca”, completa Goicoechea.
Pero la que fuera una de las medidas estrella del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz también se encuentra bajo la lupa judicial, su otro gran frente. Tras su aprobación, media decena de partidos políticos llevaron la norma ante el Tribunal Constitucional. Pero el máximo órgano de garantías todavía no ha sido capaz de emitir una sentencia. Hubo un primer intento el año pasado. Sin embargo, la deliberación terminó paralizándose a la espera de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que aclarase si se ajustaban a derecho las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, una práctica recogida en la disposición adicional primera de la ley mordaza. La Gran Sala de Estrasburgo dio finalmente la vuelta a un fallo previo y avaló la expulsión inmediata y sin posibilidad de solicitar asilo de dos jóvenes en el verano de 2014. Esto llevó al ponente del Constitucional, el magistrado Fernando Valdés, a ajustar su propuesta. Cambió la nulidad por una limitación del alcance del precepto a los casos de saltos masivos y violentos.
Luego arreció la pandemia. Y con ella, una parálisis que se mantuvo hasta la pasada semana. El debate se volvió a abrirse en el Pleno, pero no hubo manera de alcanzar un acuerdo. El Constitucional se partió por la mitad. El bloque de tendencia progresista consideró insuficiente la ponencia de Valdés. El conservador, tampoco la vio con buenos ojos. Lo único que consiguió acordar fue la devolución del asunto a una comisión creada para estudiar las observaciones de los magistrados con el objetivo de propiciar “una fundamentada resolución final”. Se continuará, por tanto, analizando los diversos preceptos impugnados “dada la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social”. “Hace cinco años que llevan pensándose su valoración. Ya es hora de que tomen una decisión”, se queja Goicoechea. Mientras tanto, el intenso debate alrededor de la ley mordaza sigue abierto. Un lustro después.
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