Un documento fundamental:

 

 La memoria sobre la reforma de las pensiones

Han tardado casi nueve meses cuando prometieron que lo harían en tres. La movilización está poniendo las cosas difíciles al ejecutivo. Ahora mismo no tiene asegurada la mayoría parlamentaria para aprobar la Reforma de Pensiones. El anteproyecto de Reforma enviado al parlamento hace pocos días viene acompañado de una memoria. Se pretende alargar la vida laboral reduciendo las jubilaciones anticipadas. Intentan justificarse con un estudio con un título tan largo como flacos son sus argumentos: “Memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.”

Ha sido un documento casi secreto, presentado a hurtadillas. Revela el miedo a la reacción social. Es un mal documento, con datos parciales. Es un informe hecho de tal forma que primero se fijaron los resultados y después se manipularon los datos para acertar en las predicciones. Es tal la escasa seguridad técnica del documento que en la última frase dice “… se considera que la disposición no debe ser sometida a evaluación por sus resultados. Es decir se impide la evaluación del proyecto, los datos no son creíbles ni para ellos. Los padres de este documento es el denominado Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento (AWG). Detrás están el FMI, la OCDE o el Banco Mundial. Todos promueven la privatización de las pensiones. Como no tiene más remedio el documento admite que los cálculos que ha realizado la UE sobre pensiones están equivocados. Sobre esos datos ahora desautorizados se han montado las sucesivas reformas de las pensiones. También admite que las proyecciones hechas sobre el costo de las pensiones están así mismo equivocados. No es un error estadístico fue una conclusión buscada forzando los datos, así pudieron recortar las pensiones. Ahora esos mismos personajes son capaces de predecir el comportamiento de las pensiones en el año 2070 Los mismos que son incapaces de acertar en las previsiones de inflación a un mes vista se atreven a calcular la evolución del costo de pensiones respecto al PIB ¡¡dentro de 50 años!!

Como es habitual se explayan en las partes positivas como es el tema de la subida del IPC según la inflación o la derogación del Factor de Sostenibilidad. Es sorprendente y no es nada halagüeño, que el nuevo, mecanismo (equidad intergeneracional lo llaman) sea aprobado este mismo año y en cambio se demore su aplicación seis años. En otro orden de cosas, el redactor pretende justificar el progresivo acercamiento de la edad de jubilación teórica a la real. Para ello, se propone prolongar hasta los 70 años la edad de jubilación en una primera fase para situarla posteriormente en los 74. El documento solo estudia los datos que le interesan y olvidan otros que puede intervenir también. Su objetivo es tergiversar el concepto de contributividad  (la contributividad que da derecho a una prestación) tan repetido en el Pacto de Toledo, introduciendo la idea de la solidaridad (como dádiva/regalo). Los trabajadores con largas carreras de cotización han hecho una gran “contribución “durante muchos años y tienen derecho a un reconocimiento justo de su pensión. La pensión media de los jubilados que lo hacen de forma anticipada es fruto de su base de cotización; es decir de lo aportado cada mes durante muchos años. No tiene nada que ver con los coeficientes reductores como se quiere hacer creer. Hay una pregunta en el aire que nadie responde y que nos quedamos sin saber:¿Por qué se utilizan esos coeficientes y no otros? Otro elemento importante de este documento es la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Hasta ahora la recaudación y los procesos derivados eran gestionados por un ente público; el Ministerio de Hacienda. Con la creación de la Agencia, que nadie entiende su necesidad, se inicia un proceso de privatización acelerada puesto que será un organismo de colaboración pública/privada quien recaude y distribuya. Para confundir aún más se utiliza como año de cálculo el 2020. Un año atípico y nada representativo por efecto del COVID-19.

 El contexto europeo es la gran excusa. Desde las primeras páginas las referencias a Europa son continuas. Cuando la UE legisla contra los pensionistas, como es el caso, la UE ordena y el ejecutivo obedece sumisamente; cuando es hora de aplicar la Carta Europea sobre salario mínimo, se tardan ¡¡20 años en hacerla efectiva!! El documento refleja su sesgo neoliberal en muchas páginas al asimilar el concepto de pensión al concepto de gasto. Se cometen errores de estudiante de bachillerato. No se tiene en cuenta que las pensiones se gravan con el IRPF (no hay solamente gastos sino ingresos), se olvida igualmente el impacto de que mejores pensiones mayor consumo, mayor producción y reducción del paro. Mientras, y aunque en el anteproyecto de ley se hace referencia a los “gastos impropios”, nada se nos dice de cuándo serán restituidas esas cantidades.

Frente a tanto despropósito sólo cabe seguir gritando:

 ¡¡gobierne quien gobierne las pensiones se defienden

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