4 secuestradores (las empresas energéticas),
1 convidado (el Estado)
y 47 millones de rehenes (los ciudadanos)
El 15 de septiembre el precio mayorista de la luz (el que cobran directamente las empresas energéticas a los consumidores ha batido, por ahora, todos los récords alcanzando los 172€/MWh (o 0,172€/Kwh).
A este precio hay que añadir los peajes recientemente modificados por tramos horarios, los numerosos impuestos y otros cargos menores.
Total, que en agosto hemos pagado el recibo más caro de la historia, hecho que se repetirá en septiembre y puede que los próximos meses.
Es verdad que el importe de lo que “ingresan” directamente las empresas supone una parte del precio final, pero ahora ya ha superado el 50% del total del recibo, cuando en 2018 apenas superaba el 30%. Que no nos engañen, pues, ni el gobierno ni las empresas.
El Estado grava con muchos impuestos el consumo de luz, tema que trataremos posteriormente, pero el aumento del recibo actual coincide con un aumento exagerado y manipulado del precio del MWh en el mercado mayoritario.
En lo que llevamos de año (hasta agosto), el coste final por KWh consumido y consiguientemente el importe del recibo ha experimentado un incremento del 30% sobre el año 2020 (en el que bajó mucho el precio por la pandemia), pero ya es un 7,5% superior al año 2019 y un 3,5% superior al de 2018, el año más caro de la luz hasta ahora y con el que quiere comparar el presidente de gobierno. Así pues, si se consigue esta relativa igualdad del precio final del KWh entre 2018 y 2021, se hará en base a una importante reducción de impuestos coincidente con un aumento desorbitado de los beneficios empresariales.
Tradicionalmente el recibo de la luz ha sido una fuente de recaudación importantísima para todos los gobiernos, también para los autonómicos.
Empezando por el impuesto especial del 5,11% que ahora se reparten las autonomías y acabando con el IVA, ahora provisionalmente del 10%, pero del 21% en cuanto nos descuidemos. También un impuesto del 7% sobre la generación eléctrica que sólo en teoría pagan las empresas, ya que en la práctica éstas lo repercuten en el precio mayorista. Vemos un caso único, un impuesto del IVA que grava el importe de otro impuesto (el del 5,11%). Inaudito. Pero no es éste el IVA aplicado en Europa, en Alemania es del 19%, en Italia del 10%, en Francia del 5,5% y en RU del 5%, aunque Suecia carga un 25%. La media en la UE queda en el 13,5%.
Vemos, pues, una de las causas del alto precio final de la luz, la enorme cantidad de impuestos.
Lógicamente si estos se reducen disminuirán los ingresos del Estado y de las Autonomías. Llegará un momento en el que se tendrá que decidir sobre si trasladar estos impuestos a la recaudación general. Se conseguiría así una importante reducción del precio final. Pero a la postre, el ciudadano y las empresas o lo pagarían en el recibo de la luz o con la subida de otros tipos impositivos. Por otra parte, no parece muy equitativo que un bien básico como la luz soporte el IVA más caro y lo paguen por igual ciudadanos de muy distinto renta y perfil de consumo. Parecería más lógico que el consumo de un hogar medio estuviera grabado con un IVA súper reducido y, conforme aumentara el consumo, gravarlo con un mayor porcentaje de IVA, por tramos. Se puede hacer si se tiene voluntad política. Las nuevas medidas anunciadas, que no aprobadas, por el ejecutivo el 14 de septiembre, no son sino un mero “voluntarismo” pensando que “limitando” el precio del gas natural, las empresas ofertarán el MW de las centrales de tipo combinado, las que utilizan el gas a un precio inferior al actual. Pero no intervienen en mercado mayorista y apelan a la responsabilidad social de las empresas. Es un quiero y no puedo. Los recortes en el impuesto especial, hasta el 0,5%, y el mantenimiento del 10% de IVA y la “eximente” a las empresas del 7% de impuesto por generación al menos hasta fin de año, tampoco servirán se ven “anuladas” por el incremento del mercado mayorista como parece presumible. La otra causa del actual precio desorbitado de la luz es el incremento del precio en el mercado eléctrico mayorista. Las empresas tratan de convencernos de que este incremento se debe únicamente al aumento internacional del precio del gas y de los permisos de emisión de CO2. El segundo incide en el precio final de la energía emanada de centrales contaminantes (combustibles fósiles) y de ciclo combinado (gas).
Lo hacen para ocultar las verdaderas razones.
• En primer lugar, está el sistema de fijación de precios, que se denomina marginalista. Hay que explicarlo. La Luz que consume hora a hora un país no se puede almacenar previamente, hay que inyectarla en la red conforme se demanda, pero sí se sabe de modo aproximado cuánta se va a necesitar por hora. Hay pues una subasta horaria en las que las empresas energéticas ofertan cubrir esa necesidad con un precio del MWh (1000KWh) según el tipo de producción, nuclear, renovable, hidroeléctrica, gas, etc. empezando por las de producción más barata (hidroeléctrica o nuclear) y acabando por las más caras. Las comercializadoras compran toda la energía necesaria para esa hora y al final el precio del MWh se fija para todos en el precio más caro ofertado/comprado en la subasta. ¡Jamón York a precio de jamón de Jabugo! Esto, no sólo pasa en España sino en todo el mercado europeo con la excusa de que la competencia entre empresas tirará el precio a la baja. Pero ni en Europa hay competencia real y ni mucho menos en España, como ahora veremos. Este modelo es un “robo” legal y una muestra del poder del lobby energético en esta Europa de mercaderes. Supone el trasvase de miles de millones de € anuales desde las rentas bajas y medias a las grandes corporaciones financieras. Aquí la solución pasaría por un cambio de sistema que reflejara realmente el coste de producir la electricidad, pero con Bruselas hemos topado. Veremos.
• En segundo lugar, está la realidad del oligopolio (poder de pocos) de nuestro mercado eléctrico. En España hay capacidad instalada de potencia eléctrica (posibilidad de producción de las instalaciones) de 110.000 MW, aproximadamente el doble de la necesaria y, además, la demanda de energía disminuyó notablemente en 2020 y en 2021 aún no ha alcanzado las cifras de 2019. Llegamos así al “milagro” capitalista (por contradictorio) de que hay exceso de oferta y disminución de la demanda, ¡pero aumento de precios y beneficios para las eléctricas! ¿Esto es magia? ¡No! Se debe al control del mercado por cuatro empresas, Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP, ésta última la más pequeña de las cuatro. Entre ellas controlan el 80% de la generación eléctrica y el 90% de su comercialización y obtuvieron en el año 2020 más de 5000 millones de beneficios netos que aumentarán este año. Es fácil comprender que si estas empresas ofertan la electricidad y ellas mismas la compran a través de sus comercializadoras, las cuales luego no tendrán “problemas” en cobrárselo a su vez a los ciudadanos, harán todo lo posible porque el precio del MWh sea el más caro posible. Si a este interés se une el hecho de que las empresas productoras pueden ofertar, en la subasta, el precio del KWh que quieran independientemente del coste por generarlas, tenemos la tormenta perfecta para el ciudadano. Pocas empresas y muy voraces, un mercado manipulado y millones de ciudadanos indefensos. ¡Es el capitalismo, amigos!
• En tercer lugar, el mercado de futuros o MEFF. En España (y en muchos países) existe lo que llamamos el mercado energético de futuros. Es decir, el precio al que las compañías comercializadoras se comprometen a comprar en días, semanas y meses venideros el coste del MWh (p.ej. para el día 26 de septiembre ya se prevé en unos 93€ y para el 4 de octubre en 155€, es decir que, si llegado ese día, la productora lo vende más caro, ha “perdido” dinero, pero lo ha “ganado” la comercializadora. Como son de la misma empresa matriz. ¡Bingo! ¡Ganancia asegurada y a pagar los de siempre! Lógicamente a precios más altos, mayor porcentaje de beneficios.
• Por último, tenemos la comunión de intereses entre determinada clase política, las empresas energéticas y los medios de comunicación. Estas empresas son tan poderosas que “compran” literalmente a políticos en activo a través de la promesa de las denominadas puertas giratorias y a éstos no se les ocurre legislar contra el oligopolio de ninguna manera. Sí oirán en el Congreso hablar de medidas, que son sólo parches, pero que no atacan la verdadera raíz del problema, la falta de competencia empresarial y unas condiciones legales ventajosísimas para las empresas. Además, éstas también mediatizan a los grandes medios de comunicación (participadas por ellas accionarialmente), para que instalen el foco mediático en motivos laterales, como el precio del gas o el CO2. El lector se preguntará si el tema tiene solución. Realmente muy difícil, porque el sistema político y económico está pensado en el beneficio empresarial y no en el bien ciudadano. Únicamente abandonando los postulados del neoliberalismo y abrazando el ideario clásico socialdemócrata del siglo pasado, se podría atisbar una mínima organización más amable para el ciudadano. Si la producción de electricidad es un sector estratégico y un bien de primera necesidad, los intereses de la colectividad anteceden a los del mercado. Por ello, el Estado estaría legitimado para intervenir en el Mercado eléctrico, bien mediante la creación y gestión de empresas públicas en el sector, bien en el establecimiento de límites de precios, tanto en generación como en comercialización. Estas dos circunstancias ya se dan en otros países desarrollados. USA, Francia Alemania o Italia tienen empresas públicas y en Francia se ha pactado un precio máximo de la energía atómica. Todo se puede hacer si los Estados y la Unión Europea tienen la voluntad política. ¡Lástima que dicha voluntad política también se compra en el mercado!
