La crisis sanitaria del COVID ha mostrado de nuevo que la vivienda es el soporte para el desarrollo de otros derechos humanos fundamentales como la dignidad, la intimidad, el desarrollo personal o la seguridad. Tanto más en el caso de los mayores. Sin embargo, el poder financiero, lejos de moderar sus apetitos de beneficio, quiere aprovechar esta crisis para aumentar sus beneficios también a costa del derecho ala vivienda.
La manera nefasta en que se salió de la crisis del 2008 que ellos provocaron, les permitió apoderarse de cuantiosas ayudas publicas que no han devuelto jamás y que les ha permitido seguir manteniendo ocioso un inmenso parque de viviendas vacías. Un patrimonio que siguen aumentando cada día con desahucios. En España se han expulsado de sus hogares a mas de 1 millón de familias y en cambio hay 4,5 millones de viviendas sin uso, en su gran parte en manos de la banca y los fondos buitre.
La banca trata además de aprovecharse de los recortes de las pensiones para implantar las hipotecas inversas, por las que se hacen a bajo precio con las viviendas de los mayores que han perdido sus ingresos. También las personas mayores son objeto de violencia económica de los grandes tenedores que tratan de expulsarlos de las grandes ciudades dejando de mantener sus viviendas o favoreciendo la degradación de los edificios recurriendo a mafias.
En el programa del actual gobierno se recogía la exigencia de los movimientos sociales de desarrollar una ley de vivienda que diese fuerza a los usuarios frente al poder financiero, limitase los desahucios, controlase el mercado especulativo e implantase medidas efectivas para preservar el derecho a una vivienda digna. En consonancia con otras leyes de nuestro entorno europeo.
Sin embargo, vemos como pasan los meses y en lugar de una regulación en favor de las personas, se empieza a plantear por sectores del gobierno más cercanos al poder económico, mantener la situación actual o incluso favorecer aún más fiscalmente a quienes se han aprovechado de un mercado totalmente distorsionado por la especulación.
Por
ello COESPE junto con la PAH y decenas de movimientos sociales, ante el anuncio
por el Gobierno de la presentación inminente de una Ley por el Derecho a la
Vivienda estatal, nos hemos organizado rápidamente y hemos puesto en marcha una
INICIATIVA POR UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA.
Una vez más comprobamos que la lucha es el único camino. En el Manifiesto que hemos elaborado conjuntamente presentamos una síntesis de las reivindicaciones fundamentales que debe incluir la Ley. Paralelamente hemos iniciado una movilización para efectuar un desarrollo explicativo que las concreta, con el firme objetivo de conseguir se garantice de una vez y de manera efectiva el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía del estado.
No hace falta insistir; es un clamor social, denunciado por todo tipo de organizaciones y por el relator de Naciones Unidas. Esta vez vamos a encontrar una alternativa real para quienes necesitan superar la emergencia habitacional: desde las personas sin hogar hasta la juventud que no puede formarlo, pasando por más del millón de hogares que han sido desahuciados de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca, la renta de alquiler o no tener título y por la enorme cantidad de familias que no pueden hacer frente ahora al pago del alquiler.
Finalmente,
recordamos una vez más, que la especulación masiva sobre la vivienda, tiene su
origen en los fondos privados de pensiones, que a partir de los años 90
acumularon una enorme masa de ahorro, que utilizaron para especular sobre el
sector inmobiliario a nivel global. Un elemento no menor para acabar con estos
procesos, es limitar y no promover mas fondos privados de pensiones. Es el
Estado quien debe custodiar e invertir el ahorro que deriva de las cotizaciones
de la ciudadanía trabajadora. No permitiremos que los proyectos de La Comisión
Europea, trasladados por la ministra de Economía Nadia Calviño y el ministro de
la Seguridad Social José Luis Escrivá den mas potencia a la especulación con el
desvió de los ingresos de la Seguridad Social a los fondos buitres.
¡Gobierne quien Gobierne
las Pensiones se Defienden!
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