LA CAMPAÑA POR UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

              TODO NUESTRO  APOYO LA CAMPAÑA POR 

UNA LEY QUE GARANTICE 

EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA  

Y ADECUADA

Nuestro país está en una crisis habitacional: Más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, más de 1 millón de desahucios entre 2008 y 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes. En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos. Mientras según el INE (2011) hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores. Todo ello después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos.

Los mayores sufren formas específicas de agresión al derecho a la vivienda. Por una parte cada vez más personas se ven amenazadas a perder su alquiler en las zonas afectadas por la especulación urbanística, con grandes tenedores descuidando el mantenimiento de las viviendas para empujar a la calle a los ancianos y poder reconvertir las viviendas populares del centro de las ciudades en hoteles, apartamentos o viviendas de lujo. Por otra parte empujados por los recortes de sus pensiones se obliga a los propietarios a suscribir hipotecas inversas, que permiten a los fondos buitre apoderarse a bajo precio de una parte creciente del parque de viviendas. Ello aumenta la especulación y provoca un aumento de precios en un mercado del alquiler cada vez en menos manos.

El Gobierno está preparando una Ley por el Derecho a la Vivienda. Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. Por ello nos hemos incorporado a decenas de movimientos sociales y entidades en la Campaña por una Ley que Garantice el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada. No vamos a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley. Contra las presiones de los especuladores, llamamos a la gente a sumarse a la movilización necesaria para asegurar la protección de este Derecho humano en nuestro país.

Exigimos el establecimiento de mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos nos merecemos. Entre los 8 puntos de la campaña queremos destacar la exigencia de:

- parar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado por parte de los poderes públicos.

- regular estatalmente los alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio, modificando la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.

- garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones.

La Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (COEPSE), como entidad co-organizadora de la campaña, se compromete a dar difusión de sus objetivos y apoyarla en la medida de sus posibilidades en las movilizaciones ciudadanas que convoque. Una gran contribución por nuestra parte a resolver el problema de la vivienda, va ser que nuestro movimiento detenga la imposición de planes privados de pensiones en los convenios de empresa, ya que es sobradamente conocido que en los lugares en que se han promovido, esos fondos han generado un flujo enorme de capital que ha provocado en el mercado inmobiliario un aumento de la especulación de los precios de la vivienda y dificultado su acceso a la ciudadanía. Entendemos que la defensa de unas pensiones dignas está vinculada a la lucha por la vivienda, porque garantizando su suficiencia pararemos los desahucios que sufren nuestros mayores, acabaremos con las hipotecas inversas y pondremos coto al crecimiento de los grandes tenedores privados de vivienda, que en todo el mundo están vinculados a los planes privados de pensiones.

 

 

Los derechos públicos no se comercializan, se defienden GOBIERNE QUIEN GOBIERNE desde la movilización.