18 DE JULIO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, España estaba viviendo una etapa muy convulsa de su historia, pérdida de las colonias, guerra del Rif, y mantenimiento de las estructuras feudales en el campo, y oposición a reformas estructurales para la evolución económica por parte de la oligarquía española.

La tasa de analfabetismo era en 1930 del 32% de la población. El hambre se había instalado de forma estructural en la sociedad española desde hacía años. La presión social era enorme con manifestaciones y huelgas que la burguesía no estaba dispuesta a consentir. La lucha social derivó en acciones con armas desde la acción anarcosindicalista por la respuesta de la burguesía. El 14 de Abril de 1931 hubo elecciones que ganaron las fuerzas republicanas. El Rey Alfonso XIII  optó por el exilio, y se proclamo la segunda república española.

La guerra del Rif, mientras tanto, fue la escuela para el ejército español, encabezado por el general Francisco Franco, allí se forjaron los temidos Regulares, soldados mercenarios encuadrados en Tabor de Infantería (equivalente a un batallón actual del ejército) procedentes de la zona del Norte de África, su forma de actuar se basaba en provocar el terror entre la población civil degollando a hombres y niños y violando a niños y mujeres. La huelga general de 1917 en España. La revolución de Octubre de 1934 en Asturias encabezada por UGT y CNT dio pié a que el gobierno de Alejandro Lerroux dejara en manos de Franco establecer el orden en el territorio con sus Regulares y Legionarios, donde se asesinaron a más de mil personas a sangre y fuego, junto con las violaciones fueron la forma de reprimir al pueblo.

El 16 y 23 de Febrero de 1936 hubo elecciones legislativas ganando con más del 60% de representación la coalición del Frente Popular. A partir del 8 de Marzo de 1936 se reunieron varios coroneles y generales Emilio Mola, Luis Orgaz, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Angel Rodríguez del Barrio, Miguel García, Manuel González, Andrés Saliquet, Miguel Ponte, José Enrique Varela, Valentin Galarza, Gonzalo Queipo de Llano, Teniente Coronel Yagüe y General Sanjurjo. Se organizaron para destruir la Segunda República que había sido elegida por el pueblo español. Ese fue el acto patriótico de esos genocidas.

El 18 de Julio de 1936, gran parte del ejército español se levantó en armas contra la 2ª República Española instaurada el 14 de Abril de 1931 ante el triunfo de las fuerzas republicanas en las elecciones. Fue el mandato orquestado por la fuerzas más conservadoras y reaccionarias de la España colonial, industrial y latifundista, aunque se sumó también una parte de la clase media al festín genocida.

Se fue conformando un caldo de cultivo desde las esferas del poder económico y la derecha política, presentando las reivindicaciones sociales como acciones anti patriotas de enemigos externos. Así el ejército pasó a asumir el orden público con un sólo objetivo, según ellos, luchar contra los enemigos de la patria, que significa limpiar España de izquierdistas, ya fueran socialistas, republicanos, anarquista, comunistas o nacionalistas (catalanes, vascos, gallegos).

Los tres primeros meses de guerra fueron atroces. Allí donde el levantamiento triunfó, la primera tarea fue ir a buscar a los que habían tenido algo que ver con el Frente Popular, El simple hecho de haber votado al Frente Popular, ya fue motivo de asesinato. Esa tarea la llevaron a cabo desde el Ejército con los Regulares y la Legión, la Guardia Civil, y las organizaciones fascistas como Falange, y nacionalistas como los Carlistas y elementos diversos.

El resultado de ese período de tiempo que abarca desde el 18 de Julio de 1936 hasta el final de la guerra el 1 de Abril de 1939, en esa etapa hubo muchos miles de crímenes realizados fuera de los frentes de guerra, de forma planificada y ejecutada desde el gobierno de Franco en la retaguardia. La segunda fase hasta 1951 incluye la postguerra con los crímenes derivados de la acción sobre los ciudadanos presos en campos de concentración, colonias de trabajadores esclavos, (hubo 296 campos repartidos por todo el territorio español, incluido las colonias de Ceuta, Melilla y Canarias.

Según Paul Preston (el Holocausto español), Francisco Espinosa (La Columna de la Muerte), Carlos Hernández de Miguel (Los Campos de Concentración de Franco), Javier Rodrigo (Cautivos), Isaías Lafuente (Esclavos por la Patria), y otros historiadores, hablan de unos 200.000 asesinados que aún están en fosas comunes.

La Transición Española de 1977 pasó un tupido velo sobre estas páginas de nuestra historia y ahí se han quedado, sin poder ser reconocidos por sus familiares más directos. Y los vencedores, esos herederos de los asesinos ahí están en el PP, en VOX, en el Ejército, en la Policía, en la Guardia Civil. Esos que además robaron tierras, propiedades inmobiliarias, obras de arte, hijos. Han salido impunes de sus delitos.

El silencio de los demócratas se convierte en la voz de los fascistas que claman contra la Ley de la Memoria Histórica y niegan la historia y llaman a revisarla. Llevan años celebrando esta efemérides con la complicidad de los poderes del Estado. La fundación Francisco Franco es la promotora de las cenas en el Palacio de Congresos de Madrid en exaltación de la figura del asesino.

Este año 2020 tenemos 52 diputados de VOX (partido fascista) que defienden todo lo aquí explicado. Esta mañana la organización MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL está celebrando un acto en el Arco de la Victoria de Madrid para celebrar el “alzamiento nacional”. Irán a la misa del Valle de los Caídos y acabarán en el cementerio de Mingorrubio donde están los restos del dictador Francisco Franco y de Carrero Blanco. La Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) se concentra en la Plaza Pedro Zerolo, y rendirá homenaje a los actores del genocidio.

Llevamos 43 años de democracia y siguen ahí, unos en las fosas comunes, y los asesinos celebrándolo, y en medio de esta sinrazón, los partidos democráticos callados, la sociedad civil observando en silencio, y 3.656.979 millones votando a VOX, y 5.047.040 votando al PP.

Todos estos actos están tipificados en el Código Penal como exaltación al terrorismo y al odio, pero eso sólo se aplica a los otros. Y le llaman democracia.

por Antonio Machado

LA "MOCHILA AUSTRIACA"

PERO... ¿SIGUE SIN SABER EN QUÉ CONSISTE LA "MOCHILA AUSTRIACA" DE PEDRO SÁNCHEZ?

Especialmente dedicado a pensionistas, asalariados, jóvenes precarios y otras gentes de "mal vivir"
¿Pero cómo es posible que todavía no sepa usted que es "la mochila austríaca" del presidente del gobierno Pedro Sánchez? Se trata de algo sumamente importante que gravitará muy probablemente sobre toda su vida futura. Según el autor de este artículo, Maximo Relti, las repercusiones que tendrá sobre la vida económica de nuestro país, serán de tal envergadura que conquistas sociales que nos parecían garantizadas, van a ser cuestionadas.

    ¿De manera que a estas alturas no acaba  de tener muy claro de en qué consiste realmente la llamada "mochila austríaca" de Pedro Sánchez…?  Aunque esta afirmación pueda resultarte alarmista, resulta que este mochilesco proyecto de nuestro presidente del gobierno puede cambiar seriamente todo el panorama futuro de su vida.

   No vamos a ser nosotros los que los que le expliquemos los  aspectos más relevantes de la llamada "mochila austríaca". Ese papel se lo dejaremos a Eduardo Luque, que de manera sencilla desentrañará  los detalles sobre las repercusiones que tendrá sobre usted  este proyecto gubernamental.

     De todas formas, si queremos adelantarle alguna cosa. La llamada "mochila austríaca" es una propuesta  enviada por Pedro Sánchez,  al Consejo Europeo, poco después de ganar las ultimas elecciones.

    En realidad el documento se llama "Programa de estabilidad 2019-2022", y es  una suerte de plan económico del actual gobierno, que fue completado por otro al que se le bautizó con el nombre de "Programa Nacional de Reformas".

     Ambos  documentos recogen y definen las líneas generales de las leyes y decretos que el Ejecutivo de la llamada "coalición progresista" llevará a cabo. Su contenido  se refiere tanto a  los contratos laborales, a las pensiones, a los recortes sociales y salariales, a los costes del despido,   como a las previsiones sobre el déficit público.

      En cuanto a su línea ideológica, no contiene nada nuevo. Se trata de medidas muy similares a las que ya puso en vigor el ultraconservador Mariano Rajoy en las legislaturas que presidió. O a las que, en el siglo pasado,aplicara en el Reino Unido la también ultraconservadora, Margaret Thatcher.

     Parece estremecedor, ¿verdad? La cosa tiene tal envergadura que no sería ni siquiera necesario que creyera la versión que sobre el documento le estamos dando. Bastaría con que, a partir de este instante, hiciera un seguimiento escrupuloso de la política económica que  seguirá el nuevo gobierno "progresista". Sólo eso: le pedimos que preste atención a todos los aspectos que van a variar paulatinamente en su vida cotidiana. Y luego, claro, que reflexione  y discuta sobre ello.

    Para entender bien lo que le decimos, - y le dirá,-  el video de Eduardo Luque, debería de tener muy en cuenta un elemento: que España en la actualidad es un país que  carece de soberanía económica. Y como consecuencia de ello, también política.

     Resulta muy duro escuchar las cosas planteadas de esta forma tan directa. Pero es la realidad. Le recordamos que España perdió de manera total su soberanía, sin que apenas nos diéramos cuenta de ello. Lo hizo aquél aciago día en el que entre el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, la derecha del PP y los nacionalistas del mismo signo ideológico,  acordaron modificar la Constitución, sin consultarnos, para poder estar en condiciones de garantizar a Bruselas que por encima de las necesidades de nuestro pueblo, estaría siempre  situado, sucediera lo que sucediera, el pago de la deuda que los bancos españoles  tenían  contraída con ellos.

    Y de aquellos lodos, los presentes barros. En realidad, la llamada "mochila austríaca" no es más que un documento comprometedor en el que queda plasmado, a manera de juramento, ante "nuestros" socios europeos hasta qué punto el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y vicepreside  Pablo Iglesias, están dispuestos a incumplir todas y cada una de las promesas electorales que un día nos hicieron. El resto, amigo lector, son sólo zarandajas, juegos de salón o batallitas bobas de cara a la galería mediática, entre  aquellos que  están fritos y y se destrozan con peleaa cainitas por distribuirse su tajada correspondiente de la Administración del aparato del Estado.

Porque, entérese. El poder, el verdadero Poder, que no es otro que el económico, no forma parte  de este gobierno, como tampoco lo formó de los anteriores. No lo necesita, porque realmente los que mandan están en otros lugares. Están en las grandes compañías, en los Bancos -los propios y los foráneos- las grandes inmobiliarias, en el Ibex 35, en las empresas monopolísticas europeas... El Ejecutivo es tan solo el "Consejo de Administración" de ese gran conglomerado. A este último sólo le  bastaría con hacer toser a los poderes fácticos -es decir, a los poderes coercitivos reales-, o sea, al Ejército, al monarca, a la magistratura, a los aparatos policiales y mediáticos, para que el presidente de gobierno, los vicepresidentes, los ministros, los secretarios, los subsecretarios y otras bagatelas varias, "se cagaran por patas p´abajo". Duro, sí. Pero real como la vida misma.

     Hasta que no hayamos comprendido y asimilado esta gran verdad,  continuaremos trabados en un eterno y cíclico día de la marmota, arrepintiéndonos ad infinitum  de habernos dejado engañar  por enésia vez.

   Le dejamos, pues, con Eduardo Luque, analista político y excelente  pedagogo, que de una manera muy didáctica le enseñará a conocer en qué consiste realmente la "mochila austríaca" de don Pedro Sánchez. Y si después de  esta explicación, que es casi telegráfica, aún no le acaban de quedar las cosas claras, remírese nuevamente el video y préstele un poco más  atención. Vale la pena. Le va en ello la vida. O casi.

NO AL DECRET DE LES PRIVATITZACIONS !!

Aquest 14 de juliol passat, el Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei (que denomina «de concert social»), per a imposar en ple estiu i en plena reactivació de la crisi sanitària una regulació que fa pocs mesos va tombar el Parlament de Catalunya per pressió dels moviments socials.

Aquest Decret, de manera encoberta i amb nocturnitat, 

intenta imposar la Llei Aragonès. 

En aquest Decret s'estableix una nova forma de relació amb les empreses proveïdores de serveis amb la Generalitat, obrint la porta a noves i extenses privatitzacions. Sota una pretesa intenció de millorar la desastrosa situació de les privatitzacions fetes per anteriors governs i l'actual, i que la crisi sanitària ha posat en clara evidència, el que es fa es: a) introduir altres mecanismes o indicadors, a més del preu per a assignar les contractacions. Mecanismes que no s'objectiven i que no van mes enllà d'una retòrica estimació de “criteris socials”, els quals permetran una major arbitrarietat en l'assignació a les empreses per part del govern. Apel·lant genèricament a aquests criteris, fan possible escamotejar els pocs mecanismes de control social que actualment existeixen en la contractació pública. b) Reduir el control públic d'aquestes contractacions amb el pretext d'una major eficiència i eficàcia en la gestió administrativa, al·legant reducció de la “burocratització”, els terminis i tràmits, enfosqueix encara més aquests processos de contractació ja caracteritzats per la seva foscor, nepotisme i sospites periòdicament evidenciades de corrupció. c) Allargar a 10 anys l'acreditació de les entitats contractuals sense explicitar els mecanismes de control als que estaran sotmeses. Això, després d'haver-se evidenciat l'absoluta fallida dels suposats mecanismes de control sobre les residències de persones dependents, i que familiars i treballadors venien denunciant des de fa anys. En aquest cas han estat evidents els assassinats en massa induïts (3 de cada 4 morts en l'epidèmia han estat en aquestes residències), però també en altres sectors la manca de control ha comportat enormes sobrecostos i baixa qualitat del servei des de fa molts anys (des de la sanitat a les infraestructures en la recerca). d) La provisió es realitzarà mitjançant resolució del Departament de la Generalitat implicat i, per tant, l'empresa no haurà de signar cap contracte. No sols cada Conselleria es converteix en una Taifa per a establir criteris i preferències amb les empreses de la seva predilecció, sinó que a més l'obligació es converteix de fet en unilateral. L'administració és la qui s'obliga amb les empreses. Si aquestes deixen d'estar interessades, o incompleixen i deixen les coses a mig fer, no estan obligades per contracte a cap mena d'acció compensatòria. El somni de tot paràsit de l'administració: utilitzar-la en tant doni excedent i desfer-se'n quan ja hagi tret tot el suc possible o, les coses es posin complicades (per exemple, per una epidèmia).

NO AL DECRET DE LES PRIVATITZACIONS !!

e) El Decret estén la cartera de possibles serveis privatitzables molt més allà del que fins ara estava permès. Serveix per a legitimar privatitzacions que la Generalitat havia realitzat en els últims temps i obrir la porta a noves privatitzacions. Des de Marea Pensionista denunciem aquesta acció de govern com a infame, antidemocràtica, sarcàstica en el moment en què l'epidèmia ha mostrat la necessitat d'uns serveis públics controlats directament per l'administració, regulats a partir dels interessos de la majoria i no de les grans empreses que parasiten la nostra administració, per a què prioritzin les necessitats socials de les grans majories i no la cobdícia d'aquells que aprofiten tota crisi i desordre per a estendre les seves urpes i sostreure més recursos d'un poble, al qual han empobrit sistemàticament. Cridem les forces polítiques que van rebutjar la Llei Aragonès, a denunciar aquesta jugada indigne d'un estat democràtic i al fet que no caiguin en escoltar els cants de sirena que el decret fa amb promeses que ara es consideraran «l'estabilitat laboral, la igualtat de gènere, la inserció laboral, la política lingüística, la compra pública ètica, la protecció del medi ambient, la qualitat alimentària o el compromís ètic». Es pura retòrica que no està sotmesa a cap mesura objectiva i que deixa en mans dels respectius consellers la decisió final. Tampoc cal tenir esperances en que «es promourà la formació» com a esquer a les forces sindicals: la precarietat de les subcontractacions dificulta l'acció sindical i acabarà situant als sindicats i la lluita dels treballadors i les treballadores afectades en una situació encara més precària. Fem una crida a la Coordinadora contra les privatitzacions (antiga Coordinadora contra la Llei Aragonès), per iniciar una denúncia conjunta i, a tots els moviments socials per emprendre accions explicatives de denúncia d'aquesta nova topinada del govern. Cal començar a preparar accions coordinades contra la seva aplicació per part d'un govern que ja és a les seves ultimes hores, però que pretén llegar pel futur la venda dels recursos públics als paràsits que des de fa anys xuclen els recursos de les nostres administracions i degraden els drets de la ciutadania a rebre serveis en condicions i garanties NO a les privatitzacions, NO al Decret llei de la Generalitat, NO al govern de les imposicions Governi qui governi, els drets es defensen!

MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA/ MPD TERRASSA

EL COVID19 Y LA MIGRACIÓN

El COVID19 ha puesto en evidencia todas las irregularidades cometidas durante años en la sanidad pública, en los sueldos de todas las que intervienen en los procesos de emergencia sanitaria, en las previsiones ante las emergencias colectivas, en la incompetencia de los políticos que nos gobiernan, en la debilidad de nuestro estado del bienestar, en las condiciones en que se han autorizado las residencias geriátricas, en la inconsciencia de nuestra sociedad civil ante la falta de recursos.

Pasada la etapa inicial de la pandemia, con 5.675 muertos en Catalunya, de los cuales 4.111 (72%) han sido en residencias geriátricas. En estos momentos hay 938 nuevos casos de contagio. Nos encontramos con un brote en las tierras de Lleida, comarca del Segrià, que ha llevado a más de 100 personas a estar ingresadas en diferentes hospitales de la zona. A fecha de hoy se elevan a 190 los casos. De los 20 focos de contagio detectados, 12 son de empresas hortofrutícolas. Esta situación de descontrol ha llevado a que se declare el confinamiento en Lleida y 7 municipios del Segrià. Unas 180.000 personas inmovilizadas en su territorio.


En Aragón se han detectado 83 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 76 en Zaragoza, situados en la zona del Bajo Cinca, Medio Cinca y la Litera.


Todas las zonas donde han habido más casos corresponden a una franja de territorio de producción hortofrutícola que se extiende entre Aragón y Catalunya, centrada en las comarcas señaladas y que les une una actividad compartida desde tiempos remotos y actualmente comparten la necesidad de mano de obra para recolectar las manzanas, melocotones, cerezas, peras, etc cuya cosecha se recolecta por estas fechas.


En Catalunya habría que añadir la comarca de les Garrigues como prolongación de la del Segrià con la salvedad que allí los productos principales son la almendra (recolecta en Septbre) y la oliva (en Diciembre). Pero eso está “a la vuelta de la esquina”.


Lo que les une realmente es una masa humana de africanos que realizan las labores de recolección en unas condiciones habitacionales y de salubridad realmente vergonzosas. Ese es el motivo por el que los focos de brotes son incontrolables.


Llevan muchos años realizando esas tareas y malviviendo en cualquier rincón de granjas, en los “mases”, en habitaciones indecentes, y en el espacio público. A nadie se le debe escapar las imágenes de los migrantes durmiendo sobre un colchón en la glorieta de la plaza de Alcarrás.


Catalunya y España tratan a los migrantes como a los pañuelos de papel para “usar y tirar”. Recordemos las palabras de Philip Alston (Relator sobre Derechos Humanos de la ONU), cuando visitó los campamentos de las recolectoras de fresas en Huelva, y venía de visitar los campos de refugiados del Sur de Grecia, y calificaba las condiciones de España peores que las vividas en Grecia. Argumenta que viven a quilómetros de distancia del lugar de trabajo, que no disponen de agua potable ni electricidad. Esas condiciones se pueden extrapolar al Segrià, les Garrigues, o cualquier otro lugar de Catalunya o España.


Va siendo hora de que la administración autonómica y central velen por unas condiciones dignas para aquellos y aquellas que vienen a trabajar por un miserable sueldo, de sol a sol, y encima nadie se preocupa de que dispongan de una habitación con baño, y un rincón de cocina para poder cocinar algún alimento.


Los que frecuentamos esas tierras lo sabemos, llevamos años viendo esas indecentes condiciones sin que ni ayuntamientos, diputaciones, generalitat, y gobierno central legislen y aporten recursos para que esas tierras puedan ofrecer alojamiento digno a esas pobres gentes que vienen aquí a hacer el trabajo que ningún parado español quiere hacer.


El silencio ciudadano clama a nuestras conciencias. Nos hemos acostumbrado a que el 25% de la población viva en situación de pobreza, a que haya personas que necesiten el banco de alimentos, a las becas/comedor en los colegios públicos para los niños pobres, a que haya sin techo en todas las ciudades de nuestro país.


Los fascistas de Vox podrían tomar nota, ya que siempre se les llena la boca de “primero los españoles”, si, para cobrar los subsidios pero para doblar el “espinazo” ya están los “negritos”, eso es puro racismo.


Mientras esto ocurre, el sacristán Quim Torra ya ha decidido regalarle a los hospitales privados de Catalunya 34.000 Euros por cama de UCI que puso a disposición de CatSalut, mientras el coste medio de ese servicio es de 21.000 Euros. Pero para los “negritos” no hay recursos.


El capital está contento. Se van cumpliendo sus previsiones desde el 2008. Saben que las condiciones que han provocado les hace más ricos a ellos y más pobres al resto de humanos. Y ese resto a callar, no sea que nos pasen al otro bando. Así no se construye un futuro, así se construye un sistema injusto y cruel.


por Antonio Machado

TIEMPOS DE UNIDAD Y SOLIDARIDAD

-Aunque las concentraciones del MPDT se han aplazado hasta Septiembre, por temas personales en la mayoría de los casos, como son el cuidado de los nietos, el calor y un cierto miedo al covid, no es menos cierto que la vida continua.

-En estos días se han llevado a cabo tres actos de solidaridad, dos con los Trabajador@s de los Hospitales y Mutua de Terrassa y otro con l@s trabajadores de Nissan.

-El martes 30 De Junio a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento se celebro un acto de adhesión y solidaridad con la larga huelga que emprendieron el día 4 de Mayo en defensa de sus puestos de trabajo, y que a día de hoy la dirección de Nissan ni responde ni aparece. Un representante del comité de empresa nos explico las vicisitudes por la que estan pasando para poder mantener la huelga, por lo que piden solidaridad económica a traves de la caja de resistencia que ya lleva tiempo circulando por las redes sociales ( ES21 0049 1944 2623 1003 0440 ) en la cual se puede hacer una aportación solidaria, el cierre de Nissan repercutira en la perdida de 25.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos

-Los días 1 y 2 de Julio a las 12 se han llevado a cabo por parte del personal de Mutua y Hospital, concentraciones de caracter reivindicativo, por las mejoras salariales, por el cobro de atrasos desde 2015- y por la mejora de las condiciones de sus puestos de trabajo, exigen para poder atender a los pacientes entre otras reivindicaciones, una ratio que les garantice una mejor atención a todas las personas, y que se contrate a mas personal, pues es casi imposible hacer un trabajo de diagnostico y control con el exceso de pacientes que han de atender, estas acciones las seguiran llevando a cabo todos los miércoles en Mutua, y los jueves en el Hospital.

- La unidad y la solidaridad es algo que no podemos eludir ni individualmente ni como colectivo, en estos momentos cuando los imprescindibles se han jugado la salud y las consecuencia la han sufrido en sus propias carnes con mas 40,000 contagios y mas de 80 muertos, la ciudadanía no puede estar pasiva como si no hubiese pasado nada, durante mas de 60 días se les aplaudió desde los balcones, hoy necesitan esos aplausos en las puertas de los Hospitales, porque su lucha y sus reivindicaciones son también nuestra lucha y nuestras reivindicaciones.

LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD, EL ÚNICO CAMINO

martes 30, solidaridad con los trabajad@s de Nissan 

y empresas dependientes

Miercoles con los compañer@s de mutua Terrassa

jueves con los compañer@s de consorsi sanitari Terrassa

Feliz silencio

La 'ley mordaza' cumple cinco años con una recaudación en multas superior a los 400 millones y una corta esperanza de vida

Durante el estado de alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han propuesto más de 1 millón de sanciones en base a esta norma
“Desde su entrada en vigor ha tenido un efecto desmovilizador. Se venía de una época en la que los movimientos sociales estaban en las calles. La ley les puso en el punto de mira”, sostiene Verónica Barroso, de Amnistía Internacional
La norma, cuya reforma se plantea el Gobierno de coalición como una “prioridad”, continúa cinco años después enredada en el Tribunal Constitucion

Si algo caracterizó la primera legislatura de Mariano Rajoy en la Moncloa fue la potente movilización social en las calles. Con un país metido de lleno en una asfixiante recesión económica, raro era el día en el que miles de ciudadanos no tomasen las principales avenidas para cargar contra la clase política. Si había que rodear el Congreso de los Diputados, se hacía. Y si era necesario empujar para intentar frenar los deseos neoliberales de privatización sanitaria, la Marea Blanca siempre estaba ahí. Una presión social a la que desde el Ejecutivo conservador se dio respuesta a través de la aprobación de la polémica ley mordaza bajo la premisa de cuanta más “seguridad” mayor “libertad”. Desde su entrada en vigor hace ahora un lustro, las sanciones contempladas en la norma han permitido recaudar más de 400 millones de euros. Sin embargo, la esperanza de vida del texto parece ahora muy reducida. La reforma de esta ley es uno de los objetivos a corto plazo del Gobierno progresista de coalición. Y también uno de los debates más candentes dentro del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no consiguen ponerse de acuerdo sobre la inconstitucionalidad de varios artículos.

Desde que echó a andar un primero de julio de hace cinco años, se han impuesto a través del articulado de la conocida oficialmente como Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 765.416 sanciones. Unas multas que no han parado de crecer ejercicio tras ejercicio. Si en 2015 fueron 87.872, en 2018 –últimos datos disponibles del Ministerio del Interior– ya alcanzaban las 249.665. Una tendencia positiva que también se ha visto reflejada en la recaudación. A lo largo de todo este periodo las arcas públicas han ingresado gracias a las sanciones administrativas contempladas en la norma 416,5 millones de euros, lo que equivale a una media de algo más de 325.000 euros diarios. El grueso de los ingresos lo sostienen las multas por “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” en lugares públicos: 311,5 millones de euros, lo que equivale al 74,8% del total. Le siguen a mucha distancia los castigos por portar, exhibir o usar armas prohibidas, que permitieron ingresar en las arcas públicas 37,8 millones de euros.

Estos artículos no son los que más preocupan a las organizaciones que llevan años cargando contra una ley mordaza que, apuntan, choca frontalmente contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Estos colectivos ponen el foco, por ejemplo, en los artículos 36.6, 36.23 o 37.4 al considerar que buscan desmovilizar y criminalizar las protestas. Por el primero de ellos, que castiga la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, así como la negativa a identificarse”, se han impuesto 42.851 sanciones –una media de 33 diarias– por un montante de 26,2 millones. Por el segundo, que se centra en la toma y difusión de imágenes de agentes, multas por un total de 77.863 euros, algunas de ellas a periodistas. Y por el último, que castiga las “faltas de respeto y consideración”, el Estado ha ingresado 9,6 millones. Una disposición utilizada por las fuerzas del orden para proponer sanciones en algunos casos contra ciudadanos por portar objetos o prendas con las letras ACAB, que en ocasiones se utilizan como acrónimo de “All Cops Are Bastards” (“Todos los policías son unos bastardos”, en inglés)

El balance total de estos cinco años, sin embargo, va a ser mucho más elevado. De momento, las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior son las correspondientes al año 2018. Las relativas a 2019 todavía no están listas. “Los datos se encuentran aún en proceso de análisis. Hay que tener en cuenta que existen plazos de alegaciones y que este año ha sido atípico. Todo se ha retrasado por las circunstancias”, explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en referencia a la crisis sanitaria. Una pandemia de coronavirus que, además, ha reorientado los usos de la ley mordaza. Si a lo largo del último lustro se entendía como una herramienta pensada para controlar la protesta social, durante el estado de alarma ha sido el instrumento utilizado a la hora de castigar a los ciudadanos que no respetaban las restricciones impuestas. De hecho, durante los dos meses y medio que se prolongó la situación excepcional, Interior contabilizó más de 1,1 millones de propuestas de sanción. A una media superior a las 11.000 diarias.

“Ha tenido un efecto desmovilizador”

Para colectivos como Amnistía Internacional, lo sucedido durante la crisis sanitaria ejemplifica a la perfección la “discrecionalidad de la actuación policial” imponiendo “sanciones que no son adecuadas ni legítimas”. “Hemos tenido ejemplos durante el estado de alarma de cómo el articulado permite una aplicación arbitraria y vulneradora o excesivamente restrictiva de derechos”, coincide Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain. De hecho, el uso que se hizo de la ley mordaza a la hora de proponer multas amparándose en la desobediencia a la autoridad ha sido bastante cuestionado a nivel jurídico. Tanto es así que la Abogacía General del Estado tuvo que emitir un informe a comienzos de abril en el que dejaba claro que el artículo 36.6 no tipifica una infracción administrativa derivada “de la mera contravención de una norma jurídica”. Es decir, que el simple hecho de salir a la calle en pleno confinamiento no podía ser castigado en base a esta disposición. Tenía que haber, además del incumplimiento, un aviso previo de los agentes desatendido por parte del ciudadano.

Pero desde los dos colectivos señalan que lo ocurrido durante la crisis sanitaria es sólo un capítulo más en la historia de una norma que “limita derechos como la libertad de expresión o de reunión pacífica”. “Desde su entrada en vigor ha tenido un efecto desmovilizador. Se venía de una época de crisis en la que los movimientos sociales estaban continuamente en las calles. La ley les puso en el punto de mira”, sostiene Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional. De hecho, desde el PSOE ya se ponía sobre la mesa esta misma cuestión antes de la aprobación de la norma. “Esto funciona muy engrasadamente: hay un recorte, hay una protesta, hay una neutralización de la protesta mediante las sanciones; hay nuevos recortes, hay una protesta más debilitada porque la gente tiene un temor lógico a que le pongan una multa disparatada”, apuntaba hace un lustro el diputado socialista Ignacio Sánchez. En 2014, según datos de Interior, se celebraron en España 36.679 manifestaciones, una cifra que se desplomó en los años posteriores por debajo de las 30.000. En 2018, volvió a repuntar hasta las 32.078.

Ambas organizaciones creen que ya es hora de que se actúe a nivel legislativo para modificar una norma “de tan mala calidad” que en su día fue aprobada exclusivamente con los votos a favor del PP y el rechazo del resto del hemiciclo. “Es necesario que se impulse una reforma cuanto antes”, señala Barroso. Ya se intentó, sin éxito, hace un par de legislaturas. Tanto el PSOE como el PNV registraron entonces por separado dos iniciativas en la Cámara Baja en este sentido. La primera, proponía derogarla y volver a la ley de 1992. La segunda, simplemente reformarla. El Pleno dio el visto bueno y pasaron a la Comisión de Interior. Fue ahí donde comenzaron a empantanarse. Los plazos para la presentación de enmiendas se fueron ampliando hasta febrero de 2018. Y cuando se desbloqueó el asunto, los servicios jurídicos de la Cámara avisaron de los riesgos de “incongruencias de procedimiento y de resultados” si ambos textos se tramitaban por separado. Por eso recomendaron alumbrar uno conjunto. No dio tiempo. Llegaron las elecciones y todo se vino abajo.

Ahora, tras dos citas electorales y la conformación definitiva de un Ejecutivo, la actividad en el Congreso parece haberse estabilizado de nuevo. Y sobre la mesa, la Cámara Baja vuelve a tener la iniciativa jeltzale. Una promesa que también se encuentra recogida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos. “Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana”, se recoge en el punto 5.6 del texto consensuado a finales del año pasado. Por el momento, el Ejecutivo no ha dado ningún paso. Sin embargo, la intención sigue siendo firme y se considera una “prioridad” legislativa. La esperanza de vida que tiene la mordaza tal y como se conoce parece, por lo tanto, bastante corta. Además, la aritmética parlamentaria es favorable.

Enredada en el Constitucional

Amnistía Internacional, no obstante, quiere evitar a toda costa que esta cuestión termine convirtiéndose en un asunto secundario. Por eso, está preparando una serie de iniciativas para mantenerla en el centro del debate político. En primer lugar, la próxima semana pretenden hacer entrega en el Congreso de los Diputados de las más de 100.000 firmas que han recogido exigiendo la eliminación de los artículos más lesivos. Y en segundo lugar, están organizando para la primera semana de julio un encuentro con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Interior de la Cámara Baja. Esperan que estén todos. Algunos partidos, como el PSOE, ya han confirmado su asistencia. “Entendemos que hay voluntad política. Y, además, no se parte desde cero, ya hay un trabajo previo que se hizo durante la tramitación hace un par de años de las iniciativas presentadas. Sobre algunos puntos concretos, como la derogación del 36.23, ya llegamos entonces a un acuerdo”, explica Barroso en conversación con este diario. “La esperanza no podemos perderla nunca”, completa Goicoechea.

Pero la que fuera una de las medidas estrella del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz también se encuentra bajo la lupa judicial, su otro gran frente. Tras su aprobación, media decena de partidos políticos llevaron la norma ante el Tribunal Constitucional. Pero el máximo órgano de garantías todavía no ha sido capaz de emitir una sentencia. Hubo un primer intento el año pasado. Sin embargo, la deliberación terminó paralizándose a la espera de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que aclarase si se ajustaban a derecho las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, una práctica recogida en la disposición adicional primera de la ley mordaza. La Gran Sala de Estrasburgo dio finalmente la vuelta a un fallo previo y avaló la expulsión inmediata y sin posibilidad de solicitar asilo de dos jóvenes en el verano de 2014. Esto llevó al ponente del Constitucional, el magistrado Fernando Valdés, a ajustar su propuesta. Cambió la nulidad por una limitación del alcance del precepto a los casos de saltos masivos y violentos.

Luego arreció la pandemia. Y con ella, una parálisis que se mantuvo hasta la pasada semana. El debate se volvió a abrirse en el Pleno, pero no hubo manera de alcanzar un acuerdo. El Constitucional se partió por la mitad. El bloque de tendencia progresista consideró insuficiente la ponencia de Valdés. El conservador, tampoco la vio con buenos ojos. Lo único que consiguió acordar fue la devolución del asunto a una comisión creada para estudiar las observaciones de los magistrados con el objetivo de propiciar “una fundamentada resolución final”. Se continuará, por tanto, analizando los diversos preceptos impugnados “dada la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social”. “Hace cinco años que llevan pensándose su valoración. Ya es hora de que tomen una decisión”, se queja Goicoechea. Mientras tanto, el intenso debate alrededor de la ley mordaza sigue abierto. Un lustro después.